Esto no es más que 'la ilegalidad del proyecto de trazado de los últimos 14 kilómetros de la autopista de Santiago, en su conexión con la N-120, la OU-402 (carretera de Cortegada) y la A-52, así como de la expropiación tramitada'. Así de determinante es el abogado que defendió los intereses de los 12 vecinos de Santa Cruz de Arrabaldo, Miguel García Iglesias, el mismo que pleiteó con éxito por el cambio de planos en el Plan de Urbanismo de Cabezas y que logró una indemnización millonaria para la persona que denunció irregularidades en la Praza de San Antonio, en la ciudad.
García Iglesias tiene claro ahora que tras la sentencia del Supremo, los vecinos 'podrán exigir su derribo', el del trazado de la autopista, que está ya en funcionamiento desde el 25 de abril de 2009, y la restitución de sus propiedades, algo que parece poco probable que llegue a producirse porque fuentes de la Xunta ya han precisado que, al margen de que van a revisar la resolución con su asesoría jurídica, apelarán a la inejecutabilidad de la sentencia, por el impacto y el daño que el derribo de esta infraestructura ocasionaría a las arcas autonómicas y, sobre todo, en el interés general. No hay que olvidar que estos 14 kilómetros de autovía son la última parte de una autopista de unos 100 kilómetros que comunica el tráfico de Madrid con Santiago por vía de alta capacidad, además de ser la conexión más rápida por carretera entre Ourense y la capital gallega. Además, es el acceso de la comarca de Carballiño hacia Ourense, muy concurrido también por ser el tramo gratuito de la autopista a Santiago.
Por ello, la obligada negociación a desarrollar ahora, imprescindible se relacionará más con un acuerdo de indemnizaciones para los 12 recurrentes, con el fin, recalca el abogado, de rematar 'la irregular y anómala actuación de la Xunta de Galicia, que ocupó ilegalmente propiedades en base a un proyecto de trazado ilegal y un procedimiento expropiatorio ahora anulado'.
Desde la Xunta, fuentes consultadas han precisado que será la asesoría jurídica la que informará ahora de los pasos a seguir.
Por ello, la obligada negociación a desarrollar ahora, imprescindible se relacionará más con un acuerdo de indemnizaciones para los 12 recurrentes, con el fin, recalca el abogado, de rematar 'la irregular y anómala actuación de la Xunta de Galicia, que ocupó ilegalmente propiedades en base a un proyecto de trazado ilegal y un procedimiento expropiatorio ahora anulado'.
Desde la Xunta, fuentes consultadas han precisado que será la asesoría jurídica la que informará ahora de los pasos a seguir.
