Los distintos juzgados de instrucción de la provincia certificaron en los últimos cinco años el fallecimiento de 22 ourensanos que desaparecieron durante el siglo pasado y nunca dieron señales de vida. Los expedientes judiciales se iniciaron a instancias de sus familiares para percibir pensiones, repartir herencias e incluso para cobrar expropiaciones de fincas y vender inmuebles. El último de los procesos es el que inició la familia del industrial desaparecido en Valença do Minho (Portugal) Guillermo Collarte.
Veintidós ourensanos fueron dados por muertos por los tribunales de Justicia en la provincia en los últimos cinco años. Todos ellos llevaban años desaparecidos, algunos ya prácticamente desde la Guerra Civil y la década de los años 60, y nunca se pusieron en contacto con su familia o algún vecino del pueblo que los vio nacer.
Los expedientes judiciales de defunción fueron iniciados por sus familiares para, en la inmensa mayoría de los casos, repartirse la herencia que le dejaron sus progenitores e incluso para cobrar de la Administración expropiaciones de terreno, vender fincas y casas, poder realizar obras en solares e inmuebles y percibir pensiones.
Julia Nogueira llevaba más de 50 años esperando el regreso de un hermano, que abandonó Valdeorras cuando fue al servicio militar. Nunca más regresó, ni se puso en contacto con la familia. Nunca sabremos qué fue de él, asegura.
La mujer, tras ponerse de acuerdo con el resto de sus hermanos, acudió a la Justicia para darlo por muerto. Tomaron esta iniciativa porque tiene una parte en la herencia que dejaron mis padres y no podemos arreglar una vivienda porque parte de ella es suya, asegura, añadiendo que si algún día llegara a regresar le contaríamos lo sucedido y le entregaríamos lo que es suyo. Pero lo que no podemos es tener una parte de la herencia abandonada, como si no fuera de nadie, dijo.
Denuncias
De los 22 ourensanos que fueron dados por muertos, sólo en uno de los casos fue denunciada su desaparición por sus familiares, al comprobar que no regresaba a su domicilio. Todos ellos se fueron por voluntad propia de sus hogares, en la mayoría de los casos emigrando a otras partes de España y del Extranjero, sobre todo Suramérica.
El caso denunciado es el del empresario Guillermo Collarte, que desapareció el 5 de octubre de 1.999 en extrañas circunstancias cuando visitaba una obra en construcción en Valença do Minho (Portugal).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la semana pasada el inicio del expediente judicial de defunción para que sus familiares puedan hacerse cargo de todo lo que era suyo y beneficiarse de todos los derechos que como ciudadano le correspondían ante la Administración.
La familia entiende que el empresario, que en la actualidad tendría 82 años, fue secuestrado cuando estaba en Valença y sus raptores lo mataron.
Período largo de exposición al público e incluso una esquela
El expediente judicial para dar por fallecida a una persona suele durar entre uno y dos años. En los últimos casos tramitados en la provincia, los interesados tienen que acreditar con partidas de nacimiento la identidad de la persona fallecida y demostrar, también de forma oficial, el grado de parentesto. Al proceso hay que sumar, durante una declaración ante el juez, el mayor número de detalles posibles sobre los lugares en los que puede estar el desaparecido, familiares más cercanos y causas que le llevaron a abandonar su casa.
Para iniciar la declaración de fallecimiento, según fuentes judiciales, hay que dejar pasar un mínimo de 10 años desde que la persona desapareció.
Al expediente hay que darle difusión en los medios de comunicación y oficiales del Estado para que se enteren de la declaración de fallecimiento el mayor número posible de personas, por si alguna de ellas conoce al desaparecido.
El expediente también debe darse a conocer en el tablón de anuncios del Concello para que los vecinos o personas interesadas puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. Los familiares también tienen que fundamentar el motivo por el que pretenden iniciar el expediente, que incluso, dependiendo del juez, puede llevar la publicación de esquela.
El caso Collarte ya acumula 5.000 folios
La familia de Guillermo Collarte López continúa con su lucha para encontrar al industrial vivo o muerto.
La búsqueda la abandera su hija Berta Collarte, que ya llegó incluso al Defensor del Pueblo y a altos cargos del Gobierno portugués para encontrar respuestas de la desaparición de su padre. De la investigación se encarga el Juzgado de Instrucción de Valença do Minho, al que se desplaza con regularidad la hija del empresario para estar al corriente de las pesquisas.
El sumario lo forman más de 5.000 folios, en los que hay declaraciones de presuntos secuestrados, tres de ellos en prisión, escuchas telefónicas, investigaciones realizadas e incluso varios movimientos de terreno ante la sospechaba que estaba allí enterrado.
El último movimiento de tierra se realizó hace año y medio en la citada localidad lusa. La Policía halló varias telas, que no pertenecían a la ropa que llevaba puesta el industrial. La Policía lusa tiene el ADN del empresario sobre su mesa y lo contrasta con el de cada cadáver que aparece en el país, el último análisis fue mediados de febrero tras encontrar los agentes un esqueleto en Braga.
Los expedientes judiciales de defunción fueron iniciados por sus familiares para, en la inmensa mayoría de los casos, repartirse la herencia que le dejaron sus progenitores e incluso para cobrar de la Administración expropiaciones de terreno, vender fincas y casas, poder realizar obras en solares e inmuebles y percibir pensiones.
Julia Nogueira llevaba más de 50 años esperando el regreso de un hermano, que abandonó Valdeorras cuando fue al servicio militar. Nunca más regresó, ni se puso en contacto con la familia. Nunca sabremos qué fue de él, asegura.
La mujer, tras ponerse de acuerdo con el resto de sus hermanos, acudió a la Justicia para darlo por muerto. Tomaron esta iniciativa porque tiene una parte en la herencia que dejaron mis padres y no podemos arreglar una vivienda porque parte de ella es suya, asegura, añadiendo que si algún día llegara a regresar le contaríamos lo sucedido y le entregaríamos lo que es suyo. Pero lo que no podemos es tener una parte de la herencia abandonada, como si no fuera de nadie, dijo.
Denuncias
De los 22 ourensanos que fueron dados por muertos, sólo en uno de los casos fue denunciada su desaparición por sus familiares, al comprobar que no regresaba a su domicilio. Todos ellos se fueron por voluntad propia de sus hogares, en la mayoría de los casos emigrando a otras partes de España y del Extranjero, sobre todo Suramérica.
El caso denunciado es el del empresario Guillermo Collarte, que desapareció el 5 de octubre de 1.999 en extrañas circunstancias cuando visitaba una obra en construcción en Valença do Minho (Portugal).
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la semana pasada el inicio del expediente judicial de defunción para que sus familiares puedan hacerse cargo de todo lo que era suyo y beneficiarse de todos los derechos que como ciudadano le correspondían ante la Administración.
La familia entiende que el empresario, que en la actualidad tendría 82 años, fue secuestrado cuando estaba en Valença y sus raptores lo mataron.
Período largo de exposición al público e incluso una esquela
El expediente judicial para dar por fallecida a una persona suele durar entre uno y dos años. En los últimos casos tramitados en la provincia, los interesados tienen que acreditar con partidas de nacimiento la identidad de la persona fallecida y demostrar, también de forma oficial, el grado de parentesto. Al proceso hay que sumar, durante una declaración ante el juez, el mayor número de detalles posibles sobre los lugares en los que puede estar el desaparecido, familiares más cercanos y causas que le llevaron a abandonar su casa.
Para iniciar la declaración de fallecimiento, según fuentes judiciales, hay que dejar pasar un mínimo de 10 años desde que la persona desapareció.
Al expediente hay que darle difusión en los medios de comunicación y oficiales del Estado para que se enteren de la declaración de fallecimiento el mayor número posible de personas, por si alguna de ellas conoce al desaparecido.
El expediente también debe darse a conocer en el tablón de anuncios del Concello para que los vecinos o personas interesadas puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. Los familiares también tienen que fundamentar el motivo por el que pretenden iniciar el expediente, que incluso, dependiendo del juez, puede llevar la publicación de esquela.
El caso Collarte ya acumula 5.000 folios
La familia de Guillermo Collarte López continúa con su lucha para encontrar al industrial vivo o muerto.
La búsqueda la abandera su hija Berta Collarte, que ya llegó incluso al Defensor del Pueblo y a altos cargos del Gobierno portugués para encontrar respuestas de la desaparición de su padre. De la investigación se encarga el Juzgado de Instrucción de Valença do Minho, al que se desplaza con regularidad la hija del empresario para estar al corriente de las pesquisas.
El sumario lo forman más de 5.000 folios, en los que hay declaraciones de presuntos secuestrados, tres de ellos en prisión, escuchas telefónicas, investigaciones realizadas e incluso varios movimientos de terreno ante la sospechaba que estaba allí enterrado.
El último movimiento de tierra se realizó hace año y medio en la citada localidad lusa. La Policía halló varias telas, que no pertenecían a la ropa que llevaba puesta el industrial. La Policía lusa tiene el ADN del empresario sobre su mesa y lo contrasta con el de cada cadáver que aparece en el país, el último análisis fue mediados de febrero tras encontrar los agentes un esqueleto en Braga.
