Un veterinario se enfrenta a tres años y seis meses de prisión por certificar que una remesa de carne era apta para el consumo humano y al año siguiente emitir otro informe con lo contrario.
Tres años de prisión por un delito de falsedad y otros seis meses por el de falso testimonio. Esta es la condena que solicitó ayer la Fiscalía para el veterinario Julio Estévez Penín, que entre los años 2004 y 2005 ejercía las funciones de inspector veterinario oficial de la Xunta de Galicia en el matadero frigorífico Rubio de Xinzo.
El sanitario se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense para responder por unos hechos que sucedieron el 14 de mayo del 2004 cuando, según puso de manifiesto la fiscal, emitió un certificado de aptitud para el consumo humano de un conjunto de reses de vacuno, sacrificadas en el citado matadero.
La remesa de carne fue vendida a la sociedad cooperativa Campo de Salamanca, que, posteriormente, la vendió a la empresa cárnica Los Gallegos.
Según el escrito de la fiscal, el veterinario, un año después, el 14 de marzo del 2005, emitió otro certificado a petición de la industria cárnica Los Gallegos en el que hacía constar que dicha carne no era apta para el consumo humano debido a los productos utilizados para el engorde de las reses.
Este último informe fue confeccionado a petición de los responsables de la empresa Los Gallegos ante la diferencia en el precio de la carne que planteaba la sociedad cooperativa Campo de Salamanca, que fue la que denunció los hechos y aún, según se puso de manifiesto en la vista, aún no cobró la carne.
La fiscalía también solicita que sea inhabilitado durante dos años, mientras la defensa del encausado solicitó la libre absolución alegando la falta de pruebas incriminatorias.
El sanitario se sentó ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense para responder por unos hechos que sucedieron el 14 de mayo del 2004 cuando, según puso de manifiesto la fiscal, emitió un certificado de aptitud para el consumo humano de un conjunto de reses de vacuno, sacrificadas en el citado matadero.
La remesa de carne fue vendida a la sociedad cooperativa Campo de Salamanca, que, posteriormente, la vendió a la empresa cárnica Los Gallegos.
Según el escrito de la fiscal, el veterinario, un año después, el 14 de marzo del 2005, emitió otro certificado a petición de la industria cárnica Los Gallegos en el que hacía constar que dicha carne no era apta para el consumo humano debido a los productos utilizados para el engorde de las reses.
Este último informe fue confeccionado a petición de los responsables de la empresa Los Gallegos ante la diferencia en el precio de la carne que planteaba la sociedad cooperativa Campo de Salamanca, que fue la que denunció los hechos y aún, según se puso de manifiesto en la vista, aún no cobró la carne.
La fiscalía también solicita que sea inhabilitado durante dos años, mientras la defensa del encausado solicitó la libre absolución alegando la falta de pruebas incriminatorias.
