El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y el secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Roger Grass, firmaron este lunes en Luxemburgo un acuerdo administrativo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconocerá el derecho de los españoles a dirigirse en su correspondencia con el tribunal en cualquiera de las lenguas cooficiales en España y a recibir la respuesta de la máxima instancia judicial europea en la misma lengua.
El acuerdo supone un paso muy importante para acercar el Tribunal de Justicia a los ciudadanos, al permitirles plantear sus cuestiones en la lengua oficial en su Comunidad Autónoma, explicó hoy el secretario de Estado para la UE.
A su juicio, el acuerdo suscrito constituye una demostración de la voluntad y del compromiso del Gobierno español con las comunidades autónomas que tienen una lengua propia, con el fin de darles voz en las instituciones de la Unión Europea.
El memorando firmado hoy entre España y el TUE permitirá a los ciudadanos dirigirse al Tribunal de Justicia en cualquiera de las lenguas oficiales en España y recibir respuesta en la misma lengua.
España es el primer país de la UE que firma un memorando para facilitar el uso de las lenguas oficiales en el Tribunal de Justicia, según destacó la secretaría de Estado para la UE en un comunicado.
El Gobierno ya ha suscrito acuerdos similares para permitir a los ciudadanos españoles utilizar las lenguas cooficiales en España con el Consejo, la Comisión Europea y el Comité de las Regiones en 2005 y con la Eurocámara, el Comité Económico y Social Europeo y con el Defensor del Pueblo Europeo en 2006.
TERMINOS DEL ACUERDO
De acuerdo con el propio TUE, el acuerdo suscrito comenzará a aplicarse en la fecha en que el Gobierno español informe al Tribunal de Justicia de que la Oficina para las Lenguas Oficiales de Política Territorial está dispuesta a hacerse cargo de las traducciones. El Gobierno español asumirá los eventuales costes directos o indirectos causados al Tribunal de Justicia por la aplicación de dicho acuerdo administrativo, precisó la instancia judicial europea en un comunicado.
Gracias al acuerdo los ciudadanos españoles, los residentes en España y las empresas establecidas en dicho país podrán dirigirse por escrito al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una de esas lenguas y recibir la respuesta de esta Institución en la lengua que utilizaron, precisa el propio Tribunal.
Los españoles que quieran dirigirse al Tribunal de Justicia de UE en alguna de las lenguas cooficiales en España deberán remitir su escrito a la Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial español, según explicó el propio Tribunal.
Dicha Oficina se encargará de traducir el escrito al castellano para que el Tribunal redacte, por su parte, la respuesta en dicha lengua y posteriormente la oficina se encargará de traducir la respuesta del Tribunal a la lengua cooficial en que se redactó el escrito inicial. Además, la Oficina se encargará de enviar al remitente la respuesta del Tribunal y su traducción.
EXCEPCIONES
La máxima instancia judicial comunitaria deja claro que esta posibilidad de comunicarse con el TUE en las lenguas cooficiales no se aplicará, sin embargo, a los escritos de carácter jurisdiccional; a los que se refieran a la aplicación de una norma legal ni a los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja, por ejemplo una subvención, de un beneficio, como pueda ser la atribución de un contrato público, ni tampoco de una función como pueda ser la candidatura a un puesto de trabajo.
Los Veintisiete concluyeron en junio de 2005 que dar a los ciudadanos la posibilidad de emplear lenguas reconocidas por un Estado miembro en sus relaciones con las instituciones comunitarias constituía un factor importante para reforzar su identificación con el proyecto político de la UE.
A su juicio, el acuerdo suscrito constituye una demostración de la voluntad y del compromiso del Gobierno español con las comunidades autónomas que tienen una lengua propia, con el fin de darles voz en las instituciones de la Unión Europea.
El memorando firmado hoy entre España y el TUE permitirá a los ciudadanos dirigirse al Tribunal de Justicia en cualquiera de las lenguas oficiales en España y recibir respuesta en la misma lengua.
España es el primer país de la UE que firma un memorando para facilitar el uso de las lenguas oficiales en el Tribunal de Justicia, según destacó la secretaría de Estado para la UE en un comunicado.
El Gobierno ya ha suscrito acuerdos similares para permitir a los ciudadanos españoles utilizar las lenguas cooficiales en España con el Consejo, la Comisión Europea y el Comité de las Regiones en 2005 y con la Eurocámara, el Comité Económico y Social Europeo y con el Defensor del Pueblo Europeo en 2006.
TERMINOS DEL ACUERDO
De acuerdo con el propio TUE, el acuerdo suscrito comenzará a aplicarse en la fecha en que el Gobierno español informe al Tribunal de Justicia de que la Oficina para las Lenguas Oficiales de Política Territorial está dispuesta a hacerse cargo de las traducciones. El Gobierno español asumirá los eventuales costes directos o indirectos causados al Tribunal de Justicia por la aplicación de dicho acuerdo administrativo, precisó la instancia judicial europea en un comunicado.
Gracias al acuerdo los ciudadanos españoles, los residentes en España y las empresas establecidas en dicho país podrán dirigirse por escrito al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en una de esas lenguas y recibir la respuesta de esta Institución en la lengua que utilizaron, precisa el propio Tribunal.
Los españoles que quieran dirigirse al Tribunal de Justicia de UE en alguna de las lenguas cooficiales en España deberán remitir su escrito a la Oficina para las Lenguas Oficiales del Ministerio de Política Territorial español, según explicó el propio Tribunal.
Dicha Oficina se encargará de traducir el escrito al castellano para que el Tribunal redacte, por su parte, la respuesta en dicha lengua y posteriormente la oficina se encargará de traducir la respuesta del Tribunal a la lengua cooficial en que se redactó el escrito inicial. Además, la Oficina se encargará de enviar al remitente la respuesta del Tribunal y su traducción.
EXCEPCIONES
La máxima instancia judicial comunitaria deja claro que esta posibilidad de comunicarse con el TUE en las lenguas cooficiales no se aplicará, sin embargo, a los escritos de carácter jurisdiccional; a los que se refieran a la aplicación de una norma legal ni a los que tengan por objeto, directa o indirectamente, la obtención de una ventaja, por ejemplo una subvención, de un beneficio, como pueda ser la atribución de un contrato público, ni tampoco de una función como pueda ser la candidatura a un puesto de trabajo.
Los Veintisiete concluyeron en junio de 2005 que dar a los ciudadanos la posibilidad de emplear lenguas reconocidas por un Estado miembro en sus relaciones con las instituciones comunitarias constituía un factor importante para reforzar su identificación con el proyecto político de la UE.
