El Gobierno de Aragón deberá pagar una indemnización de 28.000 euros a la familia de la fallecida

Condena por la muerte de una paciente en lista de espera

La sanidad pública aragonesa ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) a pagar una indemnización de 28.000 euros por la muerte de una paciente de 78 años que se encontraba en lista de espera para ser sometida a una intervención quirúrgica. La organización El Defensor del Paciente informó ayer de lo novedoso de esta sentencia, ya que el tribunal advierte que la administración sanitaria aragonesa 'no efectuó un control adecuado de la evolución de la enfermedad en orden a otorgar a la paciente mayor prioridad en la lista de espera'.
Para esta organización el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón supone una 'crítica a la inflexibilidad en las listas de espera', ya que condena a la administración sanitaria por la muerte de una paciente 'mientras esperaba'.

Los hechos se remontan a 2005, cuando la paciente, E.S.R., de 78 años, tenía diagnosticada una insuficiencia mitral severa desde mediados de ese año y, mientras estaba en la lista de espera quirúrgica, se agravó su situación, por lo que tuvo que acudir a urgencias en numerosas ocasiones. El último ingreso en urgencias fue el 12 de septiembre del citado año, en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza, y falleció al día siguiente a causa de la patología por la que estaba en lista de espera, sin que le diera tiempo a operarse.


sentencia firme

La situación de la paciente, así como sus ingresos en urgencias, evidenciaban la necesidad de ser intervenida, sin poder aguardar a que le tocara por la lista de espera, ya que su estado de salud, con deterioro progresivo, no permitía demoras, sostiene la asociación.

Las hijas de la fallecida acudieron a la asociación para denunciar los hechos, el 4 de abril de 2006, y se interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno de Aragón por la deficiente asistencia sanitaria recibida por la paciente. La reclamación fue desestimada por el Gobierno de Aragón, por lo que se inició un procedimiento judicial Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia por parte del abogado de la asociación en Aragón, Ricardo Agoiz. La sentencia, que se dio a conocer ayer, tiene fecha de abril de 2010 y es firme.

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