Ramona Estévez, la mujer de 91 años ingresada en el hospital concertado Blanca Paloma de Huelva a la que el pasado 23 de agosto se le retiró la sonda nasogástrica en aplicación de la Ley de Muerte Digna de Andalucía, falleció ayer. La anciana murió alrededor de las 12,00 horas, justo 14 días después de que se adoptara la decisión y su cuerpo fue trasladado al Tanatorio del Atlántico de la capital onubense.
La mujer estaba en coma irreversible desde el pasado 26 de julio después de que sufriera un derrame cerebral y a pesar de que en principio fue sondada por los facultativos del centro hospitalario como medida para ser alimentada, la reclamación de la familia ante la Consejería de Salud motivó la intervención de ésta para que, en aplicación de la ley, se le retirase lo que se entendía como un tratamiento.
En declaraciones el hijo de la fallecida, José Ramón Páez, se mostró aliviado por el hecho de que su madre 'ya esté descansando' e insistió en que lo único que se ha hecho, en relación a su caso, fue el de cumplir la voluntad que muchas veces la anciana expresó en vida.
Ayer la Consejería de Salud declinó hacer cualquier declaración al entender que ya dieron las explicaciones oportunas el día que se conoció la noticia de la retirada de la sonda a la mujer. Entonces la consejera María Jesús Montero manifestó que la petición de los hijos de la paciente suponía 'un rechazo al tratamiento', supuesto 'contemplado' en la ley andaluza y que 'nada más' conocer la situación de Ramona Estévez y ponerse en contacto con el hospital se aclaró 'cualquier cuestión' susceptible de duda.
DENUNCIA DESESTIMADA
Montero, al igual que la dirección del hospital y los facultativos que retiraron la sonda, fueron denunciados ante los juzgados onubenses por la Asociación Derecho a Vivir (DAV) al entender que con su actuación se podría haber incurrido en un delito de omisión del deber de socorro y de inducción al suicidio. Pese a que la querella fue desestimada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva y que la paciente ya falleció, la asociación recurrirá el auto judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el caso de Montero y ante la Audiencia Provincial, en el resto.
El pasado 26 de julio, Ramona Estévez, tras sufrir un infarto cerebral, fue ingresada en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva cuyos facultativos descartaron hacer nada por lo irreversible del trombo, y se trasladó al hospital Blanca Paloma, especializado en personas mayores. El 4 de agosto, el médico que la atendía dio a la familia un ultimátum: 'O le ponía la sonda o le quitaba el suero y se la llevaban a casa bajo su responsabilidad', advirtiendo que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, por lo que la familia accedió. Después, el hijo de Estévez se puso en contacto con la Asociación Derecho a Morir Dignamente desde donde recibió el asesoramiento necesario para interponer la queja ante la Consejería de Salud que desencadenó que se cumpliera la voluntad de su madre.
En declaraciones el hijo de la fallecida, José Ramón Páez, se mostró aliviado por el hecho de que su madre 'ya esté descansando' e insistió en que lo único que se ha hecho, en relación a su caso, fue el de cumplir la voluntad que muchas veces la anciana expresó en vida.
Ayer la Consejería de Salud declinó hacer cualquier declaración al entender que ya dieron las explicaciones oportunas el día que se conoció la noticia de la retirada de la sonda a la mujer. Entonces la consejera María Jesús Montero manifestó que la petición de los hijos de la paciente suponía 'un rechazo al tratamiento', supuesto 'contemplado' en la ley andaluza y que 'nada más' conocer la situación de Ramona Estévez y ponerse en contacto con el hospital se aclaró 'cualquier cuestión' susceptible de duda.
DENUNCIA DESESTIMADA
Montero, al igual que la dirección del hospital y los facultativos que retiraron la sonda, fueron denunciados ante los juzgados onubenses por la Asociación Derecho a Vivir (DAV) al entender que con su actuación se podría haber incurrido en un delito de omisión del deber de socorro y de inducción al suicidio. Pese a que la querella fue desestimada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva y que la paciente ya falleció, la asociación recurrirá el auto judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el caso de Montero y ante la Audiencia Provincial, en el resto.
El pasado 26 de julio, Ramona Estévez, tras sufrir un infarto cerebral, fue ingresada en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva cuyos facultativos descartaron hacer nada por lo irreversible del trombo, y se trasladó al hospital Blanca Paloma, especializado en personas mayores. El 4 de agosto, el médico que la atendía dio a la familia un ultimátum: 'O le ponía la sonda o le quitaba el suero y se la llevaban a casa bajo su responsabilidad', advirtiendo que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal, por lo que la familia accedió. Después, el hijo de Estévez se puso en contacto con la Asociación Derecho a Morir Dignamente desde donde recibió el asesoramiento necesario para interponer la queja ante la Consejería de Salud que desencadenó que se cumpliera la voluntad de su madre.
