El control de la red por parte de los gobiernos y las grandes tecnológicas nos aleja de la idea de una Internet universal y libre.
Los inicios de Internet están, paradójicamente, ligados con un conflicto bélico: la guerra fría. Por aquel entonces Estados Unidos temía un gran ataque ruso y necesitaba facilitar el acceso a información clave de defensa desde cualquier punto del país. Con esta intención nació en 1969 ARPANET, una red exclusivamente militar que en su primer momento conectaba tan solo a 4 ordenadores. Esta red fue poco a poco abriéndose a otros usos, principalmente científicos y académicos, hasta que las operaciones militares pasaron a contar con una red aparte. A mediados de los 80 la renombrada Internet ya era una tecnología conocida, pero su popularidad mundial no llegó hasta que Tim Berners-Lee creó en 1989 el sistema World Wide Web de navegación por hipervínculos que todos conocemos.
La idea principal tras la creación de esta red de redes no era otra que expandir conocimiento de forma global y abierta, en tiempo real, permitiendo el acceso a la información y la colaboración entre personas sin importar su localización. Precisamente por estas características, durante muchos años ha sido la catalizadora de grandes innovaciones y una herramienta clave en nuestras comunicaciones y relaciones personales, contribuyendo al desarrollo de la economía mundial y a la investigación en muchas áreas, no solo aquellas asociadas a la tecnología.
Sin embargo, desde hace más o menos una década, las crecientes intervenciones por parte de los gobiernos y la concentración de servicios bajo un reducido número de grandes empresas amenazan la neutralidad de Internet y aceleran su fragmentación.
El reciente conflicto entre Rusia y Ucrania ha avivado el debate sobre el control de los mensajes que se publican en Internet. El uso de las redes sociales como principal herramienta de comunicación en los países occidentales permite y facilita el acceso a información veraz y contrastada o expresarse libremente, pero también favorece la distribución de “fake news”, propaganda y el control de la población crítica con los gobiernos autoritarios.
Las principales empresas del sector, como Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp), Twitter y Google son muy conscientes de este problema desde hace varios años, especialmente después de varios escándalos electorales y de las presiones del gobierno Trump, muy crítico con la “censura” que Twitter le aplicó durante sus últimos meses de mandato a algunos de sus tweet.
El papel actual de las tecnológicas es complicado: por un lado tienen que garantizar el acceso a datos y contenidos veraces, y por otro limitar el alcance de mensajes propagandísticos y sesgados. El acceso libre a la información y la libertad de expresión fortalece la democracia y debilita los regímenes autoritarios, y precisamente por esto Twitter o Facebook han sido el principal blanco del gobierno de Vladimir Putin, que ha vetado las principales redes sociales occidentales en el país y solamente pueden ser accedidas por los rusos mediante VPN o las versiones creadas ex profeso en la “dark web” para saltarse la censura.
Según algunos datos, esta censura de servicios occidentales podría haber causado a la economía rusa pérdidas de casi 800 millones de euros en lo que va de año.
Además de Rusia, otros países como China, Corea, Kazajstán o Turquía limitan el acceso a determinados contenidos en Internet, como las redes sociales y páginas de noticias críticas con sus gobiernos. El gobierno ruso lleva años trabajando en RuNet, una red propia que actuaría como una gran herramienta de censura en el país.
Desde el pasado 11 de marzo este sistema ya está activo en las webs oficiales, y los rumores apuntan a que podría aplicarse pronto a otras páginas y servicios rusos, obligándoles a “desconectarse” de la red global. Si estas intenciones se confirman, lamentablemente Internet ya no será Internet.
