El juez constata que no se presionó o no se pagó, precisamente, para poner las mejores prótesis del mercado, ni siquiera las menos malas, sino que "se presionó y se pagó por colocar prótesis caducadas y en mal estado"
El juez que instruye el caso Innova, Diego Álvarez de Juan, ha levantado este miércoles el secreto de sumario sobre la causa e investiga a unas 60 personas más, 47 de ellos cirujanos, por presuntamente cobrar comisiones ilegales de Traiber por colocar sus prótesis, muchas de ellas defectuosas.
Según el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Tarragona) recogido por Europa Press, el juez ve tres circunstancias de "apariencia delictiva"; la primera de ellas, que la empresa presionó presuntamente a médicos para que compraran sus prótesis.
También detecta "sobornos a médicos en forma de presuntos pagos en metálico para colocar sus prótesis", y colocación de prótesis presuntamente en mal estado.
JURAMENTO HIPOCRÁTICO
El juez asegura que el presunto cobro de comisiones "hace saltar por los aires" el juramento hipocrático, mientras que el código deontológico médico recibe un gran golpe en su línea de flotación.
El juez constata que no se presionó o no se pagó, precisamente, para poner las mejores prótesis del mercado, ni siquiera las menos malas, sino que "se presionó y se pagó por colocar prótesis caducadas y en mal estado".
Por otro lado, el magistrado ve una elevada capacidad de la empresa para relacionarse con las más altas instancias políticas a nivel local y autonómico usando esas relaciones "para influir y presionar en las decisiones políticas con el fin de lucrarse con la adjudicación de contratos".
Estas personas están investigadas, concretamente, por su presunta participación en un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, alteración de precios en concursos y subastas públicas, tráfico de influencias, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos.
También les investiga por presunto delito societario, fraude a la administración, estada, corrupción entre particulares, falsedad documental, delito contra la salid pública y blanqueo de capitales.
