El incendio de la discoteca Alcalá 20 de Madrid hace 30 años, en el que murieron 82 personas, hizo saltar la alarma sobre la seguridad en estos locales de ocio nocturno. Ese debate, que nunca cesó, se reabrió hace un año con la tragedia del Madrid Arena, que conllevó cambios legislativos que ahora se ven reflejados en la nueva ley puesta en marcha en Mafrid.
La madrugada del 17 de diciembre de 1983 unas 400 personas se divertían en la discoteca Alcalá 20 cuando un cortocircuito provocó un fuego que prendió las cortinas y tapices que había junto al escenario y en pocos minutos dejó sin luz la discoteca y la llenó de un denso humo. Diez años después la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los cuatro copropietarios del local a dos años de prisión por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. La misma pena recayó en Ricardo Herranz, exmiembro de la Junta de Espectáculos del Ministerio del Interior, y en Miguel Gabaldón, instalador técnico autorizado por Industria.
La discoteca Alcalá 20 reabrió en enero de 2010, tras varios intentos fallidos, con el nombre de Adraba. La empresa que la reabrió es FSM Group, cuyo propietario es Miguel Ángel Flores, el organizador de la fiesta en el Madrid Arena en la que se produjo una avalancha en la que murieron cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012. Tanto la tragedia del Madrid Arena como la de Alcalá 20 conmovieron a la ciudadanía y pusieron el foco en la seguridad de los locales de ocio nocturno y en los grandes eventos, conllevando una mayor concienciación y reformas normativas.
NUEVO REGLAMENTO
La semana pasada la Asamblea de Madrid con los votos del PP aprobó la reforma de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, que duplica las multas muy graves a los locales infractores, en respuesta a una demanda de víctimas del Madrid Arena.
Sin embargo esta nueva ley no regula ni define lo que es un macroevento, colocando bajo el mismo baremo a bares, discotecas, salas de concierto o festivales en grandes recintos a pesar de las propuestas de PSOE, IU y UPyD que solicitaban además que las fiestas con más de 5.000 espectadores contasen con un plan de seguridad propio y un mínimo regulado de seguridad y dotación sanitaria. El Partido Popular tampoco permitió que se aprobasen los métodos electrónicos de control de aforo o darle autoridad a las fuerzas de seguridad para regular los controles de acceso a los recintos dónde se celebren espectáculos y cualquier tipo de actividad recreativa.
Además, la Comunidad de Madrid tampoco ampliará sus capacidades de inspección y no recupera sus competencias en materia de sanción o autorización de las macrofiestas, cedidas a los respectivos ayuntamientos en el año 2011 y 2013 respectivamente.
La diputada del PP María Eugenia Carballedo, la única que tomó la palabra en el debate de aprobación de la ley en la Asamblea, pidió en su momento el voto a favor de la reforma legal a los partidos de la oposición para que las administraciones cuenten con 'mecanismos nuevos' para exigir el cumplimiento estricto de la ley ya en las próximas fiestas navideñas.
La discoteca Alcalá 20 reabrió en enero de 2010, tras varios intentos fallidos, con el nombre de Adraba. La empresa que la reabrió es FSM Group, cuyo propietario es Miguel Ángel Flores, el organizador de la fiesta en el Madrid Arena en la que se produjo una avalancha en la que murieron cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012. Tanto la tragedia del Madrid Arena como la de Alcalá 20 conmovieron a la ciudadanía y pusieron el foco en la seguridad de los locales de ocio nocturno y en los grandes eventos, conllevando una mayor concienciación y reformas normativas.
NUEVO REGLAMENTO
La semana pasada la Asamblea de Madrid con los votos del PP aprobó la reforma de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, que duplica las multas muy graves a los locales infractores, en respuesta a una demanda de víctimas del Madrid Arena.
Sin embargo esta nueva ley no regula ni define lo que es un macroevento, colocando bajo el mismo baremo a bares, discotecas, salas de concierto o festivales en grandes recintos a pesar de las propuestas de PSOE, IU y UPyD que solicitaban además que las fiestas con más de 5.000 espectadores contasen con un plan de seguridad propio y un mínimo regulado de seguridad y dotación sanitaria. El Partido Popular tampoco permitió que se aprobasen los métodos electrónicos de control de aforo o darle autoridad a las fuerzas de seguridad para regular los controles de acceso a los recintos dónde se celebren espectáculos y cualquier tipo de actividad recreativa.
Además, la Comunidad de Madrid tampoco ampliará sus capacidades de inspección y no recupera sus competencias en materia de sanción o autorización de las macrofiestas, cedidas a los respectivos ayuntamientos en el año 2011 y 2013 respectivamente.
La diputada del PP María Eugenia Carballedo, la única que tomó la palabra en el debate de aprobación de la ley en la Asamblea, pidió en su momento el voto a favor de la reforma legal a los partidos de la oposición para que las administraciones cuenten con 'mecanismos nuevos' para exigir el cumplimiento estricto de la ley ya en las próximas fiestas navideñas.
