El Consejo Constitucional francés censuró ayer la ley contra la piratería en internet, que estipulaba que cualquier autoridad administrativa puede cortar el acceso a la red a los usuarios que realicen descargas ilegales. La decisión, de obligado cumplimiento, dice que sólo un juez podrá cortar el acceso.
El Consejo Constitucional francés censuró ayer parte de la polémica ley contra la piratería en Internet, en concreto la que estipula que una autoridad administrativa puede cortar el acceso a la red. Los miembros de este organismo argumentan en su decisión que sólo un juez tiene la competencia para impedir el acceso a la red de los internautas que hagan descargas ilegales. El Consejo señala que la libertad de comunicación y expresión prevista en la Declaración de los Derechos Humanos implica la libertad de acceder a los servicios de comunicación al público en línea y que, por lo tanto, sólo una autoridad judicial tiene capacidad de limitar esa libertad.
El dictamen, de obligado cumplimiento, da la razón al opositor Partido Socialista, que presentó un recurso al texto legislativo impulsado por la mayoría con servadora al considerar contrario a la Constitución que se corte el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial que lo autorice. En términos similares se pronunció también el Parlamento Europeo cuando aprobó una enmienda en la que señala que el corte sólo puede dictarse por decisión judicial.
La controvertida ley estipula que los internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por e-mail y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les corten el acceso desde seis meses a dos años.
El dictamen, de obligado cumplimiento, da la razón al opositor Partido Socialista, que presentó un recurso al texto legislativo impulsado por la mayoría con servadora al considerar contrario a la Constitución que se corte el acceso a internet a un cliente sin que exista una sentencia judicial que lo autorice. En términos similares se pronunció también el Parlamento Europeo cuando aprobó una enmienda en la que señala que el corte sólo puede dictarse por decisión judicial.
La controvertida ley estipula que los internautas que hagan descargas ilegales recibirán un primer aviso por e-mail y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les corten el acceso desde seis meses a dos años.
