El Consorcio de Valdeorras aprobó un presupuesto de 1,34 millones de euros para el año 2016
El tratamiento de las aguas residuales de los nueve concellos de la comarca está financiado en un 80 % por diferentes tasas. Este dato se deduce del presupuesto de 2016, que ayer aprobó el Consorcio de Augas de Valdeorras y cuya cuantía es de 1.345.625 euros.
La suma más importante procede de los apartados de tasas: agua -400.602 euros-, alcantarilado -234.281-, servicio intermunicipal -429.609- y otros ingresos -21.945-. A su vez, las administraciones aportan el 20 % restante. Augas de Galicia, con 150.000 euros, y Deputación Provincial, con 80.000, asumen las mayores partidas. El resto corre por cuenta de las arcas municipales: O Barco -7.462 euros-, O Bolo -2.238-, Carballeda -1.406- Larouco -227-, Petín -1.294-, A Rúa -8.039-, Rubiá -2.986-, A Veiga -3.300- y Vilamartín -1.830-.
Estas cantidades fueron aprobadas por unanimidad en la reunión de ayer, según explicó el diputado popular que representó a la Deputación Provincial, Pablo Pérez. Una vez finalizada la reunión, explicó que los acuerdos alcanzados y las cuentas aprobadas "consolidan un proyecto que empezó de forma experimental". Añadió que el papel del Consorcio es fundamental en el tratamiento de las aguas residuales de la comarca.
A la reunión también asistieron el representante de Augas de Galicia y de los concellos de O Barco, Carballeda, Vilamartín, O Bolo, A Veiga, Rubiá y A Rúa. En la cita también se abordó la renovación de los convenios que los nueve concellos firmaron con el Consorcio. Ocho de ellos aluden al tratamiento de las aguas residuales, siendo la excepción el Concello de O Barco, que a este servicio añade el del abastecimiento domiciliario. Esta circunstancia influye en la elevada cuantía de la aportación municipal, que solo supera la suma con la que contribuye A Rúa, debido a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR).
Los asistentes a la cita que se desarrolló en las instalaciones de la Casa Consistorial de O Barco también abordaron la adhesión al convenio de transparencia de la Deputación Provincial, un requisito obligado por la normativa vigente.
