Las acusaciones piden cinco años de prisión y 14 de inhabilitación
La Audiencia de Ourense será el órgano competente para enjuiciar al alcalde popular de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, por prevaricación y falsedad continuada en documento oficial, delitos por los que las acusaciones reclaman cinco años de prisión y 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La jueza de Instrucción de Trives decretó la apertura de juicio oral señalando a la Audiencia como el órgano competente que debe hacerse cargo a partir de ahora de la causa para su enjuiciamiento a tenor de las penas solicitadas.
La imputación del mandatario local tiene su punto de origen en la denuncia ante la fiscalía presentada por el PSOE y la Agrupación Independiente de Vilariño en alusión a las contrataciones realizadas en los años 2012 y 2013 por Sierra. El fiscal jefe de la Audiencia, Florentino Delgado, abrió diligencias informativas para escrutar 28 contratos firmados con 19 trabajadores en 2012 y 2013, algunos rubricados por una misma persona.
Finalmente, en el mes de marzo del pasado año, el ministerio fiscal presentó denuncia ante el Juzgado de Trives al sostener que Ventura Sierra elegía a los trabajadores en base a su criterio personal, un método que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. También encontró que en el procedimiento de contratación no se daba publicidad a los puestos de trabajo, lo que evitaba otros posibles candidatos.
También alude a los reparos formulados por la secretaria-interventora municipal a las contrataciones, por lo que, a su entender, el alcalde era consciente de que las contrataciones eran ilegales. Todos estos reparos fueron levantados para poder firmar los contratos, lo que permitió que el alcalde eligiese por propia voluntad a los trabajadores que desempeñarían los puestos de trabajo.
El fiscal también encontró que en siete ocasiones las ofertas de los puestos de trabajo fueron remitidos al Servicio Galego de Emprego. En la documentación, el regidor recogió que se habían presentado varios aspirantes a los empleos, afirmación que la fiscalía considera falsa y la atribuye a un intento de aparentar que el Concello había seguido un procedimiento de selección. El regidor concluía que, salvo el elegido, todos los demás aspirantes optaron por retirarse de un proceso de selección que, según la denuncia, nunca existió.
Este diario intentó contactar con el investigado en el día de ayer sin que fuera posible. En anteriores ocasiones, Sierra atribuyó la denuncia a rencillas políticas.
Tanto la acusación particular como el ministerio público coinciden en su petición de pena: nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación así como cinco años de prisión por la falsedad continuada en documento oficial (el fiscal también añade multa de 18 meses, con cuota diaria de 12 euros) así como otros cinco años más de inhabilitación (referida a todo empleo en la función pública cuyo acceso sea electivo, incluido personal de confianza, en cualquier administración pública, entes o sociedades públicas o en sociedades mixtas de capital público y privado así como a cualquier cargo o puesto que sea fruto de elecciones en el ámbito local, autonómico, nacional o europeo).
