Los nueve concellos de Valdeorras participarán en el reparto de los 170 millones de euros que la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino repartirán en Galicia, entre los años 2011 y 2015. Las actuaciones se centrarán en el ámbito rural y deberán contar con la aprobación de los 12 consellos de zona que se constituirán durante esta semana en la Comunidad Autónoma.
La Casa Riocigüeño de O Barco acogió el acto de formalización del primer consello de zona. Lo presidió el conselleiro de Medio Rural, Samuel Juárez, quien explicó que estos órganos pretenden asesorar 'na aplicación da Lei de Desenvolvemento Sostible.
En la sede barquense de la Fundación Valdeorras también estuvieron el director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, y los alcaldes de O Barco, A Rúa y Rubiá. Éstos, tras ser designados por la Federación Galega de Municipios y Provincias en representación de los nuevo concellos valdeorreses. También acudió la alcaldesa de Carballeda, que preside el Grupo de Desenvolvemento Rural, del programa Agader.
A la cita faltaron representantes de los sindicatos agrarios y de clase, de las asociaciones de mujeres rurales y de los colectivos conservacionistas o ecologistas. Estos colectivos aún deben designar a sus delegados.
El conselleiro viajó posteriormente hasta Monforte y Trives, donde presidió la constitución de sus respectivos consellos de zona.
El programa que desarrolla la Lei de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural actúa sobre cuatro ejes estratégicos. Apoya la actividad económica y el empleo, fomentando la agricultura territorial, la diversificación de la economía y la creación de puestos de trabajo. Asimismo, permite mejorar las infraestructuras básicas, desde las energías renovables o el suministro de agua hasta las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Otro ámbito que abarca es el de los servicios y del bienestar social, un campo que incluye desde la seguridad ciudadana, hasta el urbanismo y vivienda. Finalmente, las actuaciones incidirán en el medio ambiente, tanto en la planificación ambiental como en la gestión de los recursos naturales.
Todas estas actuaciones aparecen reflejadas en el protocolo que firmaron la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el conselleiro de Medio Rural. El acuerdo reparte la financiación de los 170 millones de euros entre Xunta y Gobierno central.
En la sede barquense de la Fundación Valdeorras también estuvieron el director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, y los alcaldes de O Barco, A Rúa y Rubiá. Éstos, tras ser designados por la Federación Galega de Municipios y Provincias en representación de los nuevo concellos valdeorreses. También acudió la alcaldesa de Carballeda, que preside el Grupo de Desenvolvemento Rural, del programa Agader.
A la cita faltaron representantes de los sindicatos agrarios y de clase, de las asociaciones de mujeres rurales y de los colectivos conservacionistas o ecologistas. Estos colectivos aún deben designar a sus delegados.
El conselleiro viajó posteriormente hasta Monforte y Trives, donde presidió la constitución de sus respectivos consellos de zona.
El programa que desarrolla la Lei de Desenvolvemento Sostible do Medio Rural actúa sobre cuatro ejes estratégicos. Apoya la actividad económica y el empleo, fomentando la agricultura territorial, la diversificación de la economía y la creación de puestos de trabajo. Asimismo, permite mejorar las infraestructuras básicas, desde las energías renovables o el suministro de agua hasta las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Otro ámbito que abarca es el de los servicios y del bienestar social, un campo que incluye desde la seguridad ciudadana, hasta el urbanismo y vivienda. Finalmente, las actuaciones incidirán en el medio ambiente, tanto en la planificación ambiental como en la gestión de los recursos naturales.
Todas estas actuaciones aparecen reflejadas en el protocolo que firmaron la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el conselleiro de Medio Rural. El acuerdo reparte la financiación de los 170 millones de euros entre Xunta y Gobierno central.
