Tres de las cuatro mujeres paraguayas que fueron liberadas por la Guardia Civil en el club de alterne Scala 2000 deVilamartín de Valdeorras en el año 2004, aseguraron ayer durante la vista que se celebró en la Audiencia contra tres acusados de proxenetismo y trata de mujeres, que no fueron obligadas a prostituirse y que tampoco recibieron amenazas ni estaban vigiladas.
Eso sí, a preguntas de los magistrados, letrados y fiscal, dejaron claro que tenían miedo de escapar porque entre las trabajadoras del negocio corría la voz de que los dueños las capturarían y las matarían. Las tres, que declararon tras un biombo, reconocieron que podían salir del club, pero no llamaron a la Guardia Civil porque eran inmigrantes ilegales y 'temíamos que nos llevaran a la cárcel', dijo una de ellas.
Pero esta versión no la comparte el fiscal, que acusa a los entonces responsables del negocio, -Carlos Felipe de Assunçao (administrador único), Adriana Echévarri (colaboradora, al ser entonces mujer del anterior, aunque ahora están separados), y Shirley Alvés (contable)- de captar mujeres con escasos recursos en Paraguay obligarlas a trabajar para ellos ejerciendo la prostitución en Vilamartín.
Las mujeres, según el fiscal, eran recogidas en Madrid, se les retiraba el pasaporte y no se les daba dinero. 'Además, las vigilaban y retenían en el negocio', explicó.
Los acusados reconocieron que fueron a buscar a las cuatro mujeres a Madrid pero negaron las acusaciones del fiscal. Eso sí, cuando les fue ofrecido trabajo en España, creían que era en un restaurante 'en el que había chicas y se ganaba mucho dinero en propinas', explicoó una de ellas.
El fiscal solicitó penas que en total suman 73 años de cárcel para los acusados, mientras que la defensa de los procesados demandó la libre absolución.
Pero esta versión no la comparte el fiscal, que acusa a los entonces responsables del negocio, -Carlos Felipe de Assunçao (administrador único), Adriana Echévarri (colaboradora, al ser entonces mujer del anterior, aunque ahora están separados), y Shirley Alvés (contable)- de captar mujeres con escasos recursos en Paraguay obligarlas a trabajar para ellos ejerciendo la prostitución en Vilamartín.
Las mujeres, según el fiscal, eran recogidas en Madrid, se les retiraba el pasaporte y no se les daba dinero. 'Además, las vigilaban y retenían en el negocio', explicó.
Los acusados reconocieron que fueron a buscar a las cuatro mujeres a Madrid pero negaron las acusaciones del fiscal. Eso sí, cuando les fue ofrecido trabajo en España, creían que era en un restaurante 'en el que había chicas y se ganaba mucho dinero en propinas', explicoó una de ellas.
El fiscal solicitó penas que en total suman 73 años de cárcel para los acusados, mientras que la defensa de los procesados demandó la libre absolución.
