Fueron realizadas en terreno rústico y sólo un afectado presentó proyecto para legalizar su casa
El peligro de la maquinaria de derribo se cierne sobre trece casas y naves industriales de Vilamartín. Solo uno de los particulares afectados por los expedientes de derribo inició la regularización en el Concello, presentando el correspondiente proyecto. Lo anunció ayer el alcalde, el socialista Enrique Álvarez Barreiro, quien mostró su preocupación ante la amenaza que se cierne sobre las construcciones con expediente de derribo abierto por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
La situación irregular de ocho casas y cinco naves no solo supone una amenaza de demolición, también supone un serio obstáculo para su venta. Además, algunas aún están sin rematar y los propietarios no pueden continuar las obras por no estar legalizadas.
Fueron construidas hace años en suelo rústico, sobre el que pesa la prohibición de construir. Ya en diciembre de 2013, con la popular María Jesusa Candal Jarrín en la Alcaldía, el entonces conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, aprobó el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal. Su firma abrió las puertas a la regularización de todas las propiedades.
Los dueños de casas deberán entregar el proyecto y solicitar la obligatoria licencia municipal, y los empresarios tendrán que afrontar los planes parciales de Arcos y A Sobreira, además de entregar el obligado proyecto. Estos últimos disponen de cinco años para evitar que el suelo vuelva a ser considerado rústico y perpetúe la ilegalidad, según explicó la popular María Jesusa Candal.
Regularizar las construcciones entra dentro de las competencias del Concello, no así la decisión final acerca de las sanciones económicas establecidas por la Axencia para la Protección de la Legalidade Urbanística. Se habla de multas de particulares con cuantías que se aproximan a los 90.000 euros y cuyo total aumenta con el paso del tiempo. Mientras los expedientes estuvieron en poder de la Consellería de Medio Ambiente estuvo abierta la posibilidad de negociar una rebaja e incluso su eliminación. Esta opción se presenta muy difícil actualmente, según explicó el concejal de Alternativa dos Veciños de Vilamartín, José Pinto Álvarez. Explicó que la documentación llegó a manos de la Agencia Tributaria. "Xa pasaron a Facenda. É complicada a situación", comentó.
"O Concello non pode facer nada. A xente poderá regularizar a situación das súas propiedades pero a multa a ten que pagar igual", explicó el alcalde, Enrique Álvarez. Además, subrayó la buena disposición del Concello para respaldar todas aquellas iniciativas que los afectados decidan tomar, encaminadas a "facer forza para unha quita ou ben alongar os prazos. Imos estar aí. Iremos con eles, a axudales".
Ante este problema, el alcalde reunirá a los vecinos afectados. Intentará que a la cita también acudan, además de los técnicos del Concello, de la Xunta y de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. "Pretendemos buscar unha solución entre todos", dijo Enrique Álvarez.
