Aceptó en el último momento la oferta del fiscal, por lo que será inhabilitado durante 32 años.
El profesor de Religión en cuatro colegios de Valdeorras, Agustín Ojea Gayoso, se lo pensó mejor y optó por aceptar el acuerdo que le ofreció el representante del ministerio fiscal hace meses. Pese a sus reticencias para ser apartado de la docencia en lo que le queda de vida laboral, sopesó la posibilidad de ir 19 años a prisión, la pena que pedía la acusación pública en su escrito de acusación provisional.
El letrado que defendía el inculpado, Alfonso Pazos, comunicó al fiscal Miguel Ángel Ruiz la decisión final pasadas las 09.30 horas de ayer, media hora antes del inicio de la vista oral: sentencia de conformidad en los términos ofrecidos por la acusación pública a cambio, eso sí, de reconocer su participación en un delito de abusos sexuales continuados a ocho alumnos entre los ocho y diez años (tocamientos en distintas partes de sus cuerpos, incluidos los genitales en tres casos). Un acuerdo que el letrado tildó de "malo pero preferible".
La sentencia que dictará la titular del Juzgado de lo Penal 2 penará sus delitos con dos años de prisión (queda suspendida la pena durante cinco años si no vuelve a delinquir) así como siete penas de multa que le supondrán 147 meses a razón de dos euros al día (8.820 euros en total). El encausado también aceptó someterse a un tratamiento de educación sexual durante un año.
Ojea Gayoso aceptó también la parte más gravosa el acuerdo, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, curatela, guarda o cargo público o profesión relacionada con la docencia a menores por un periodo de 32 años. En la práctica, el acusado, de 49 años, no volverá a ejercer la docencia en la enseñanza pública, actividad que representó su sustento vital como profesor de Religión desde octubre de 1999 (fue apartado cautelarmente en el curso 2011-2012 cuando el fiscal presentó querella).
Los padres de los ocho niños víctimas de abusos, que ayer se presentaron en el Pazo de Xustiza junto a sus hijos para comparecer como testigos, renunciaron a las indemnizaciones que legalmente les correspondían por los perjuicios causados. Según explicó el fiscal, "sólo quieren pasar página cuanto antes y olvidar".
Por último, el acuerdo incluye una prohibición de aproximarse a menos de 100 metros y comunicarse con los menores por un periodo de cuatro años.
