El concejal de Urbanismo de Vilamartín, José Pinto Álvarez, confía en que el Plan Xeral de Ordenación Urbana Municipal esté aprobado antes de las próximas elecciones municipales. En estos momentos, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras analiza el estudio del suelo urbano. Cuando lo apruebe, el documento será sometido a la aprobación inicial. Tras la exposición pública, volverá a remitirse a la Xunta, que deberá informar antes de que el pleno vilamartinés otorgue la aprobación definitiva.
'Non quedan moitos meses para as eleccións. Esperemos telo antes', comentó José Pinto.
El retraso de las normas iniciadas hace una década formará parte del debate electoral. Además, hay que añadir el auto judicial que deja recaer sobre el Concello de Vilamartín las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las 17 licencias municipales firmadas por Manuel Candal el 17 de noviembre del 2008. Sobre 15 de ellas pesaban órdenes de demolición y el nuevo PXOUM intenta regularizarlas.
Hace un año, el fallecimiento de Manuel Candal propició el archivo de la querella que interpuso contra él la Fiscalía por firmar las citadas licencias, una resolución que dejó recaer sobre sus herederos las responsabilidades civiles. Posteriormente, el juez estimó un recurso de reforma basado en que el fallecido ejercía de alcalde al firmar los documentos, por lo que le corresponden al Concello.
El retraso de las normas iniciadas hace una década formará parte del debate electoral. Además, hay que añadir el auto judicial que deja recaer sobre el Concello de Vilamartín las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de las 17 licencias municipales firmadas por Manuel Candal el 17 de noviembre del 2008. Sobre 15 de ellas pesaban órdenes de demolición y el nuevo PXOUM intenta regularizarlas.
Hace un año, el fallecimiento de Manuel Candal propició el archivo de la querella que interpuso contra él la Fiscalía por firmar las citadas licencias, una resolución que dejó recaer sobre sus herederos las responsabilidades civiles. Posteriormente, el juez estimó un recurso de reforma basado en que el fallecido ejercía de alcalde al firmar los documentos, por lo que le corresponden al Concello.
