Xunta y Estado alegan autonomía de consejos reguladores para evitar el pago subsidiario de la indemnización millonaria pedida
El juicio contra el que fue presidente del consejo regulador de la denominación de origen (CRDO) Valdeorras entre 2002 y 2006, Maximino L., quedó visto para sentencia tras la vista por la denuncia del el exsecretario de la entidad Felipe Clemente G.M., y después de que en sus informes, Estado, Xunta y Consello Regulador argumentasen contra su responsabilidad subsidiaria ante la petición de un millón de euros de indemnización.
El juicio duró cuatro horas en las que denunciante y denunciado desgranaron acusaciones y denuncias mutuas que terminaron con el despido improcedente del exsecretario, su juicio tras la denuncia del expresidente por falsificación de firma y apropiación indebida -archivada- y ahora el juicio de expresidente por denuncia falsa con la petición de prisión y una indemnización millonaria por 10 años de daños morales y psíquicos.
Maximino L. sólo respondió a preguntas de su letrado y relató que tras tomar posesión en junio de 2002, volvió a Madrid y 'en ningún momento' se le dijo que fuese necesario usar su firma, así que meses después, revisando papeles 'con calma, durante la Navidad' descubrió que el secretario había 'falsificado' su firma en dos documentos, uno para cobrar por un viaje a Celanova y otro para pagar las nóminas de junio.
AÑOS DE DESPRESTIGIO
Según Maximino L., pidió al exsecretario que justificase pagos y firmas y, como no lo hizo en dos meses, le despidió y lo denunció por falsificar su firma y por apropiación indebida al cobrar desplazamientos a Celanova.
Por su parte, el exsecretario despedido en 2003 dio detalles de su 'buena' relación con el acusado tras tomar posesión, aunque precisó que luego empeoró porque el presidente 'no entendía' lo que era un órgano colegiado 'y decidía al margen del pleno', según detalló.
'Intentó desacreditarme ante los vocales, y ya cuando decidí denunciarlo ante la Guardia Civil por llevarse el libro de actas sin mi autorización, que estuvo desaparecido meses, ya la tomó directamente conmigo y cada vez que le entrevistaban por cualquier cuestión del vino, aludía a la denuncia judicial contra mí', relató.
Clemente reprochó a Losada que tras el despido, no le permitió recuperar de su oficina sus objetos personales, ni siquiera una prensa de vino de la casa de su padre, pues le pedían que acreditase su propiedad. Además, la información sobre el proceso judicial contra él le 'cerró todas las puertas' laborales y en 10 años no volvió a trabajar.
Felipe Clemente, según sus respuestas al fiscal y cinco letrados, explicó que la firma del presidente para las nóminas de junio de 2012 fue autorizada por él 'vía telefónica y en conversación que escuchó la administrativa del consejo regulador'. Losada le dijo 'exactamente' que 'garabatease' por él, según Clemente.
Lo mismo declaró en el juicio la administrativa, que también explicó, igual que los otros 9 testigos entre trabajadores del consejo y expresidentes, que todos cobraban un plus por desplazamientos recogidos en un estallido diario y que el exsecretario cobraba además un fijo de 90 euros al mes porque cada día hacía diligencias en correos, juzgados y oficinas administrativas de O Barco de Valdeorras, en su propio coche con el que se desplazaba desde la sede del consejo, en la carretera de Vilamartín de Valdeorras.
'FIRMA POR MÍ'
La denuncia de Maximino L. contra Clemente quedó archivada, según el abogado del expresidente, porque fue cesado en su cargo en 2006 y el nuevo presidente 'dejó decaer' el procedimiento legal, y no porque la denuncia de falsificación de firma y apropiación indebida estuviese injustificada.
La defensa del ahora denunciado explicó que con la frase 'firma por mí' no se indica a nadie 'que calque una firma' sino que puede resolverse por la fórmula de 'por orden de', pero repitió que el expresidente Losada 'nunca autorizó a reproducir su firma'.
El abogado de Maximino L. argumentó que con su denuncia, Felipe Clemente 'sólo' busca 'hacer aún más daño del que recibió' pues, para cuantificar la indemnización por daños morales, 'no presentó ni un solo informe médico' y reclama 400.000 euros, además de otros 540.000 por salarios que le corresponderían hasta la jubilación.
'Aquí hay que probarlo todo', añadió y pidió la absolución de Maximino L. y 'condena expresa' al denunciante a pagar las costas del juicio, frente a los 15 meses de prisión reclamado por el fiscal.
XUNTA, ESTADO Y CONSELLO
El letrado del Consejo Regulador argumentó sobre la falta de personalidad jurídica de la entidad en el año 2003, y la confusión legislativa sobre los reglamentos en los que los consejos reguladores eran 'órganos descentrados o híbridos' en los que la designación de presidente era de la Xunta y todo se publicaba tanto en el DOG como en el BOE.
Sobre las indemnizaciones, el abogado del CRDO Valdeorras aludió a los 400.000 euros por daños morales para indicar que 'jamás' se pidió algo así 'ni en el más espantoso estrés postraumático' y las calificó de temerarias.
La abogada de la Xunta alegó que no se cumplen los requisitos para una posible responsabilidad subsidiaria y pidió que se considere la 'total ausencia' de ella.
El abogado del Estado consideró, en su última intervención, que el delito de denuncia falsa 'es evidente' igual que la 'mala fe' del denunciado, con una 'estrategia para dificultar los derechos laborales del exsecretario', añadió.
Criticó al Consejo Regulador por 'pretende eludir' su responsabilidad a pesar de resultar 'beneficiado' por la actuación 'torticera' del entonces presidente', por lo que le reclama los 68.000 euros de diferencias salariales.
El juicio duró cuatro horas en las que denunciante y denunciado desgranaron acusaciones y denuncias mutuas que terminaron con el despido improcedente del exsecretario, su juicio tras la denuncia del expresidente por falsificación de firma y apropiación indebida -archivada- y ahora el juicio de expresidente por denuncia falsa con la petición de prisión y una indemnización millonaria por 10 años de daños morales y psíquicos.
Maximino L. sólo respondió a preguntas de su letrado y relató que tras tomar posesión en junio de 2002, volvió a Madrid y 'en ningún momento' se le dijo que fuese necesario usar su firma, así que meses después, revisando papeles 'con calma, durante la Navidad' descubrió que el secretario había 'falsificado' su firma en dos documentos, uno para cobrar por un viaje a Celanova y otro para pagar las nóminas de junio.
AÑOS DE DESPRESTIGIO
Según Maximino L., pidió al exsecretario que justificase pagos y firmas y, como no lo hizo en dos meses, le despidió y lo denunció por falsificar su firma y por apropiación indebida al cobrar desplazamientos a Celanova.
Por su parte, el exsecretario despedido en 2003 dio detalles de su 'buena' relación con el acusado tras tomar posesión, aunque precisó que luego empeoró porque el presidente 'no entendía' lo que era un órgano colegiado 'y decidía al margen del pleno', según detalló.
'Intentó desacreditarme ante los vocales, y ya cuando decidí denunciarlo ante la Guardia Civil por llevarse el libro de actas sin mi autorización, que estuvo desaparecido meses, ya la tomó directamente conmigo y cada vez que le entrevistaban por cualquier cuestión del vino, aludía a la denuncia judicial contra mí', relató.
Clemente reprochó a Losada que tras el despido, no le permitió recuperar de su oficina sus objetos personales, ni siquiera una prensa de vino de la casa de su padre, pues le pedían que acreditase su propiedad. Además, la información sobre el proceso judicial contra él le 'cerró todas las puertas' laborales y en 10 años no volvió a trabajar.
Felipe Clemente, según sus respuestas al fiscal y cinco letrados, explicó que la firma del presidente para las nóminas de junio de 2012 fue autorizada por él 'vía telefónica y en conversación que escuchó la administrativa del consejo regulador'. Losada le dijo 'exactamente' que 'garabatease' por él, según Clemente.
Lo mismo declaró en el juicio la administrativa, que también explicó, igual que los otros 9 testigos entre trabajadores del consejo y expresidentes, que todos cobraban un plus por desplazamientos recogidos en un estallido diario y que el exsecretario cobraba además un fijo de 90 euros al mes porque cada día hacía diligencias en correos, juzgados y oficinas administrativas de O Barco de Valdeorras, en su propio coche con el que se desplazaba desde la sede del consejo, en la carretera de Vilamartín de Valdeorras.
'FIRMA POR MÍ'
La denuncia de Maximino L. contra Clemente quedó archivada, según el abogado del expresidente, porque fue cesado en su cargo en 2006 y el nuevo presidente 'dejó decaer' el procedimiento legal, y no porque la denuncia de falsificación de firma y apropiación indebida estuviese injustificada.
La defensa del ahora denunciado explicó que con la frase 'firma por mí' no se indica a nadie 'que calque una firma' sino que puede resolverse por la fórmula de 'por orden de', pero repitió que el expresidente Losada 'nunca autorizó a reproducir su firma'.
El abogado de Maximino L. argumentó que con su denuncia, Felipe Clemente 'sólo' busca 'hacer aún más daño del que recibió' pues, para cuantificar la indemnización por daños morales, 'no presentó ni un solo informe médico' y reclama 400.000 euros, además de otros 540.000 por salarios que le corresponderían hasta la jubilación.
'Aquí hay que probarlo todo', añadió y pidió la absolución de Maximino L. y 'condena expresa' al denunciante a pagar las costas del juicio, frente a los 15 meses de prisión reclamado por el fiscal.
XUNTA, ESTADO Y CONSELLO
El letrado del Consejo Regulador argumentó sobre la falta de personalidad jurídica de la entidad en el año 2003, y la confusión legislativa sobre los reglamentos en los que los consejos reguladores eran 'órganos descentrados o híbridos' en los que la designación de presidente era de la Xunta y todo se publicaba tanto en el DOG como en el BOE.
Sobre las indemnizaciones, el abogado del CRDO Valdeorras aludió a los 400.000 euros por daños morales para indicar que 'jamás' se pidió algo así 'ni en el más espantoso estrés postraumático' y las calificó de temerarias.
La abogada de la Xunta alegó que no se cumplen los requisitos para una posible responsabilidad subsidiaria y pidió que se considere la 'total ausencia' de ella.
El abogado del Estado consideró, en su última intervención, que el delito de denuncia falsa 'es evidente' igual que la 'mala fe' del denunciado, con una 'estrategia para dificultar los derechos laborales del exsecretario', añadió.
Criticó al Consejo Regulador por 'pretende eludir' su responsabilidad a pesar de resultar 'beneficiado' por la actuación 'torticera' del entonces presidente', por lo que le reclama los 68.000 euros de diferencias salariales.
