Aseguran que apoyaban acuerdos que contaban con informes favorables
A solo tres días de las elecciones municipales, seis exediles del equipo de gobierno que lideraba Manuel Cabeza en 2003 comparecieron este jueves ante la jueza de Instrucción 3 para declarar como imputados en el caso de las exenciones urbanísticas, en alusión al dinero que dejó de ingresar el ente local al eximir a promotores y constructores del abono del 10% de los aprovechamientos urbanísticos en suelo urbano no consolidado. Un caso que parte de una denuncia de la exconcejal de Urbanismo del PSOE Aurea Soto en 2014 contra el exalcalde Manuel Cabezas y el exedil de Urbanismo Ricardo Campo por prevaricación en concurso con malversación continuada de caudales públicos.
José Luis Rodríguez Cid, Enrique Novoa López, Francisco Javier Rodríguez-Novoa, Elena Rivo, Francisco Muñoz Seguín y Belén Girón comparecieron puntuales a la cita. Rivo y Girón no eludieron ninguna pregunta mientras que el resto, salvo Rodríguez Nóvoa que se acogió a su derecho de no declarar, contestaron a las cuestiones presentadas por la fiscal por escrito así como a sus letrados. Según aseguraron algunos de los abogados que les representan, la citación "no tiene sentido porque la supuesta malversación que se les atribuye como delito más grave prescribió en noviembre de 2018". De hecho, alguno ya pidió el archivo hace semanas y otros lo harán ahora.
La línea argumental de los investigados prácticamente es coincidente. "Cumplíamos las propuestas que venían en los expedientes ", declaró Enrique "Poly" Nóvoa. La decisión -añadió- partió de un acuerdo adoptado en 1994 con el PSOE y BNG, en el que solo se abstuvo un edil que era constructor, y que decía que se seguiría aplicando hasta que entrara en vigor el nuevo plan, y contaba con "informes favorables del secretario" municipal. En ese momento, los imputados, salvo Girón, Rivo y Muñoz que no eran ediles, estaban en la oposición.
Por su parte, Rodríguez-Nóvoa no quiso ocultar su malestar con la citación judicial próxima al 26-M "sobre un asunto ocurrido hace 16 años". En ese sentido, enfatizó: "Estoy hasta las narices con todos los temas del juzgado que tienen que ver con la época de gobierno en que estuve".
Los exediles aseguraron desconoce el alcance del informe del técnico José Manuel Oliver que advertía de esa ilegalidad en 2003.
El próximo 9 de julio comparecerán el resto de ediles (Mario Guede y Vicente Alonso) que acudieron a la comisión de gobierno del 20 de noviembre de 2003 cuando se volvió dar vía libre a las exenciones.
