Tremendo error el del Gobierno andaluz con su peligrosa y perjudicial decisión de no cumplir con rigor su función sobre adjudicación de viviendas protegidas de titularidad pública con el precedente del realojo de 22 familias que desde hacía casi dos años ocupaban de manera ilegal un edificio, medida que va en contra del cumplimiento de la legalidad y la igualdad de oportunidades. Si rompemos el principio de igualdad en la demanda de viviendas sociales en el conjunto del Estado, como en Andalucía, contribuiremos aún más a la desigualdad social de una ciudadanía cansada de sentir en su propia piel cómo el libertinaje de muy pocos aplasta la libertad de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
Focalizando el problema de las familias en riesgo de exclusión social o con serias dificultades económicas en nuestra provincia, comprobamos con los datos en la mano que el 57,4% de las familias ourensanas llegan con dificultad o mucha dificultad a fin de mes, una de cada dos familias tiene serias dificultades económicas que derivan en los casos más extremos en desigualdades sociales. Y además comprobamos que en Ourense los únicos ingresos que entran en los hogares de nuestra provincia provienen en un 41,3% de prestaciones. Con esto está dicho todo. Añadir que en la ciudad de Ourense, el 16,1% de los hogares están dentro de la tasa de pobreza, y en el 26,6 de los hogares los ingresos que se reciben son únicamente prestaciones. Y para tener una completa radiografía de nuestro ayuntamiento, contrastamos que el 23% de los hogares de Ourense tienen un gasto mensual en el pago de su hipoteca, y el 18,3%, en el pago de su alquiler. Gastos que lastran lógicamente su poder adquisitivo si uno de sus miembros está en situación de desempleo, y aquí debemos recordar que en esta texitura se encuentran 30.216 ourensanos.
Pero el dato preocupante nos viene por el efecto colateral de esta brutal crisis, en la que constatamos que el 22,8% de las familias ourensanas han ahorrado en la alimentación, es decir, tienen que reducir en un gasto en el que nunca se debería tocar, poniendo en evidencia nuestra fragilidad social, esa que no se ve porque es de puertas adentro, aunque puertas afuera se siga conservando una apariencia virtual y ficticia.
Pero siguiendo con el análisis de los problemas derivados de los gastos de las familias en sus viviendas habituales, comprobamos que 12.877 familias viven en la provincia de alquiler, lo que viene a representar unas 50.000 personas, de las cuales el 35% tiene retrasos de más de un mes en el pago del alquiler, el 22% tiene dificultades más serias y el 11,7% necesita un alquiler social ante el riesgo de quedarse sin vivienda.
Estos son los datos y cada uno que extraiga sus conclusiones pero la mía es nítida y va en la línea de que los ourensanos necesitamos representantes sólidos, empapados de la realidad del día a día y con capacidad real de solucionar los muchos y graves problemas que nos rodean, lo demás son cantos de sirena y más de lo mismo, y los ourensanos ya no estamos para bromas, ni bromistas. Y el que quiera entender, que entienda.
