No, no es una carta a Papá Noel. Es una exigencia de gestión de los recursos y servicios públicos, y de soluciones resolutivas ante la caótica crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, y la cual requiere, por parte del Gobierno de la nación, medidas excepcionales ante una situación excepcional. El actual modelo de sector público ya no es sostenible, y se necesita planificación, coordinación, eficacia y ambición para adoptar y ejecutar líneas de actuación y planes de choque imprescindibles para, de una vez por todas, hacer las cosas bien en este país. España tiene que dejar de ser la imagen de la incompetencia, conformismo y desidia, que es la foto fija que tienen los demás países de nosotros. Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades a los incompetentes cargos públicos que nos han derivado, con su irresponsable falta de previsión, a una segunda ola de la pandemia.
Y voy con los datos: 2.597.712 empleados públicos, de los cuales, el 19,7% (512.767) pertenecen al sector público del Estado; el 58,29% (1.514.126) a las comunidades autónomas, y el 21,97% (570.819) a las entidades locales. A este número de funcionarios hay que sumar personal laboral, asesores, diputados, senadores, personal de administraciones provinciales y locales, parlamentos autonómicos, fundaciones, consorcios y demás entes, hasta totalizar 3.248.000 personas que reciben un sueldo público por un importe de 144.227 millones de euros.
Por el otro lado, el de un castigado sector privado, tenemos que desde marzo hay 47.448 empresas menos en nuestro país. Solamente en este atípico mes de agosto, la estadística de empresas nos manifiesta que 5.367 cerraron definitivamente. Y a fecha de septiembre, más del 72% de los autónomos y microempresas de este país facturaron un 60% menos en la comparativa interanual contabilizando el primer y segundo cuatrimestre. Estos son los incontestables datos oficiales, este es el paralelismo de un sector público que engorda con cargos políticos sin control, y el de un sector privado que decrece en numero de empresas, y el preludio de un oscuro otoño-invierno.
El Gobierno debe aplicar de inmediato un ERE en el sector público, excluyendo servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las fuerzas de seguridad. La economía española, sostenida principalmente por autónomos, microempresas y pymes, ya no puede seguir manteniendo un sinfín de administraciones y organismos públicos.
Y quiero poner un ejemplo del camino a seguir: Italia, que ha reducido recientemente un 36% el número de diputados y senadores a partir de la próxima legislatura. ¿Es un mensaje simbólico? Sí, lo es, porque el gasto que se reduce es de poco más de 100 millones de euros. Pero aquí, en España, no es tan "simbólico". Nuestro país tiene -con datos totalmente objetivos extraídos del propio ministerio de política territorial y demás organismos oficiales-, aproximadamente más de 75.000 cargos públicos y unos 30.000 asesores. A lo que hay que sumar 42.000 políticos contratados como cargos de confianza en las diferentes administraciones, y otros 130.000 de libre designación, colocados en empresas u organismos públicos que dependen del Estado, autonomías, ayuntamientos, entes, fundaciones, etc. Lo que nos daría unas 277.000 personas, catalogadas como políticos, y retribuidas por ello con algo más de 12.000 millones de euros al año.
En definitiva: este es el recorte que pide Bruselas y que pide a gritos la sociedad española. Ahí es donde hay que recortar gasto, y no subiendo aún más los impuestos a unos españoles que vamos a atravesar meses muy complejos, difíciles y de extrema dureza económica en numerosos casos.
