Somos un país rígido. Sobre todo en lo que concierne a las cuestiones laborales. Aquí, o disfrutas de un empleo fijo con la vida asegurada o subsistes en la frontera de la precariedad y la economía sumergida. O tienes horario completo o desocupación absoluta. O estudias o trabajas. O eres jefe plenipotenciario o un simple mandado sin responsabilidad alguna. Patronal y sindicatos: dos orillas de un río que se seca. Somos un país con poca cintura y muchos lugares comunes, donde demasiados empresarios aún miran al obrero como un escaqueador potencial y demasiados obreros al empresario como alguien que sólo busca aprovecharse de su jerarquía. Un universo de desconfianza, de roles demasiado definidos e inamovibles. Mal escenario, por tanto, para buscar juntos la salida en la difícil encrucijada en la que nos encontramos. A este secular equilibrio inestable en las relaciones laborales hace tiempo que le llamamos diálogo social. Y ahí nos la vamos a jugar todos.
Previamente el Gobierno debe preparar el tapete, encender la luz de la sala y repartir las pocas cartas que quedan en el mazo. No lo tiene fácil con una oposición impresentable e irresponsable -incluidos algunos presidentes de CC.AA.- que aplaude con las orejas las cifras del paro y sólo las ve como el mejor camino hacia La Moncloa. Una oposición carente por completo de sentido de estado, para la que contra peor, mejor y que no va a ayudar en nada ni desgastarse en propuestas o pactos constructivos, porque ya sólo espera ver pasar el cadáver de su oponente, aunque detrás venga el país entero en camilla. Una oposición que a mi juicio se gana cada día su permanencia en el banquillo que ocupa.
Pero a pesar de ese contundente atenuante, ha sido excesivo el tiempo perdido por el Gobierno en impulsar la imprescindible reforma laboral que necesitamos para luchar eficazmente contra el desempleo y para mejorar la competitividad de nuestro sistema productivo. Una grave demora en términos de paro y endeudamiento público que cuestiona la solidez técnica del equipo económico y del propio presidente del Ejecutivo. En cualquier caso, más vale tarde que nunca. No nos podemos permitir que, contando con las mejores previsiones posibles de crecimiento económico, remar durante los próximos 10 años sólo sirva para llegar a la pírrica playa de los 2 millones de parados estructurales del 2007. Entre otras cosas porque el gasto público derivado de su cobertura puede provocar dificultades de financiación para las prestaciones sociales básicas. No es de reci bo tampoco que los jóvenes mantengan porcentajes de desempleo cercanos al 40% en una economía que se pretende del conocimiento. Ni que en las condiciones actuales la edad media de jubilación sea inferior a los 63 años.
Por eso es bueno que comiencen a desgranarse las propuestas de reforma desde las filas del Gobierno. Debe haber cambios en el sistema de negociación colectiva para mejorar la flexibilidad interna de las empresas. Es necesario ensayar en España el modelo alemán de reducción de jornada como alternativa al paro puro y duro. Ya es hora de utilizar el gasto público para fomentar fiscalmente el empleo juvenil y la ampliación de las plantillas, en vez de para financiar proyectos con mucho menos futuro. Toca darle una vuelta a nuestro sistema de protección del desempleo y girar de la simple subvención al fomento de la empleabilidad de los trabajadores. Y sobre todo, luchar contra la temporalidad pactando fórmulas distintas para los nuevos contratos que, con las debidas garantías, favorezcan tanto la estabilidad como la productividad.
El país es responsabilidad de todos, trabajadores y empresarios, patronal y sindicatos, gobierno y oposición. Su buena marcha requiere cooperación, generosidad y flexibilidad. O es ahora o será demasiado tarde.
