Al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con toda solemnidad afirmara que “hacer política es hacer las cosas a lo grande, no ocuparse de chismes”, que bien podía interpretarse como su deseo de despegarse lo más posible de la dimisión del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix –al que días antes había respaldado- el Consejo de Ministros parece que ha tenido que ocuparse de un “chisme falso”, en terminología de su portavoz cuando fue preguntado sobre si parte de los componentes del Gabinete atribuían al titular de la cartera de Justicia la responsabilidad por el nombramiento de Moix y todas las polémicas que se están suscitando en torno al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como jefe de todos los fiscales. Luego el propio Catalá se deshizo en elogios hacia el respaldo que ha recibido de sus compañeros.
Lo cierto es que el Gobierno desde hace meses lleva tratando de “poner orden” en la fiscalía Anticorrupción y ese habría sido el encargo que llevaba Manuel Moix, dado que esta fiscalía se considera por algunos como un nido de fiscales progresistas que pone especial énfasis en destapar los trapos sucios que afectan al Partido Popular, que además actuarían con excesiva autonomía y no habrían dudado en filtrar a la prensa determinadas informaciones que están en el origen de las pasadas polémicas y con las que el Gobierno pretende acabar, como si el problema fueran las filtraciones y no lo que se denuncia, y la politización de la justicia, mediante la ocupación por jueces y fiscales afines de los principales órganos jurisdiccionales, no fuera un hecho.
"Algunos están empeñados en decir que el Gobierno interfieren en la acción de la Fiscalía pero eso es radicalmente falso, es un tanto incierto", ha dicho Catalá, tras reconocer que todo el Gobierno le ha apoyado en su trabajo y no le responsabilizan de la imagen de politización de la Justicia por parte del Ejecutivo. Sin embargo otros datos apuntan a que el Gobierno a través de la Fiscalía sigue buscando algún juez o fiscal que concluya el trabajo que se había encargado a Maza y a Moix y se reconduzca la situación de la fiscalía Anticorrupción. Así, la validez de todos los pronunciamientos en favor de la autonomía de los fiscales que se realizan desde el Ejecutivo se van a confirmar tan pronto como se nombre al próximo fiscal jefe anticorrupción y se conozcan o se atisben cuáles son los criterios seguidos para su designación.
Pero si Méndez de Vigo no se ha salido del guión y ha dado largas cambiadas sobre la dimisión “por motivos personales” de Manuel Moix, las explicaciones de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sobre las causas por las que España no aparece como un firmante de primera hora del comunicado realizado por Alemania, Francia e Italia, contra la decisión de Donald Trump de separarse del acuerdo de París sobre el cambio climático, han rayado en el surrealismo.
Cuando España parecía que había vuelto al núcleo duro de la UE, a la primera ocasión se ha quedado fuera de marcar el rumbo como consecuencia de un confuso “problema de horarios”, y lejos de condenar con firmeza la iniciativa de Trump se ha quedado en un mero “lamento” y en considerarlo “una mala noticia”. Muy poco para tan graves consecuencias.
