El Gobierno ha lanzado un envite muy fuerte al catalanismo, la posibilidad de acabar con el proceso de inmersión lingüística considerado una de las columnas centrales de su esencia como pueblo y causa determinante de su singularidad. Por ese motivo la iniciativa del Ejecutivo, que aún no ha decidido si introducirá una casilla para que las familias puedan optar por el castellano como lengua vehicular para la educación de sus hijos, no puede ser una acción meramente instrumental para remontar en las encuestas utilizando uno de los tótem que siempre le ha dado buenos resultados electorales, la presión sobre Cataluña, aunque luego se le haya vuelto en contra y haya tenido como consecuencia un incremento exponencial del independentismo.
La reacción de los partidos independentistas a lo que consideran un nuevo ataque a Cataluña ha sido la de ponerse en guardia y acelerar las negociaciones para evitar que el Gobierno llegue a concretar su amenaza y que imponga esa medida, como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se trataría, por mucho que el ministro y conseller de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, haya tratado de transmitir lo contrario, de un cambio de modelo lingüístico.
Cierto que hay sentencias judiciales que el Govern de la Generalitat ha obviado cumplir sobre el porcentaje de clases que han de darse en castellano, el 25%, y el respeto al derecho de los padres que quieran escolarizar a sus hijos en castellano, y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero la cuestión es si es el momento adecuado de revertir esta situación. El Gobierno cree que sí, pero una decisión tan delicada merecería la pena que fuera abordada de otra forma.
No se trata de hacer dejación de la obligación de que se cumplan las resoluciones judiciales o de la defensa de la educación en español, pero un cambio de tanta trascendencia y adoptado con la comunidad educativa mayoritariamente en contra, necesita de un amplio debate y de consenso. Acabar con una situación en la que han colaborado tanto el PSOE como el PP y que los populares ahora hayan decidido rasgarse las vestiduras es precipitado y echar más leña al fuego y un motivo para poner la máquina de fabricar independentistas a todo rendimiento, sobre todo porque debe haber otro modo de hacer que las sentencias se cumplan. Aunque haya quien aplauda acabar de una vez con el desafío educativo.
La medida además tendrá un carácter provisional por cuanto será cambiada en el momento en que un nuevo gobierno “efectivo” de Cataluña comience a realizar sus funciones, de tal forma que se habrá incrementado la tensión y no se habrá dado satisfacción a quienes buscan escolarizar a sus hijos en castellano. Una demanda muy minoritaria en el conjunto de los alumnos catalanes, aunque tampoco hay que desdeñar las actuaciones de acoso que han sufrido quienes han pretendido ejercer este derecho, lo que demuestra también el laxo concepto de democracia de las autoridades educativas catalanas.
Los catalanistas, y en este grupo también hay que incluir al PSC que defiende la inmersión lingüística deben tener claro que la forma de impedir que el Gobierno culmine su propuesta es un Govern que cumpla con la legalidad y en esa legalidad se incluye el cumplimiento de las sentencias que garantizan el derecho de todos.
