La estrambótica jornada del pasado miércoles en la que el Gobierno vio convalidados dos de tres de los decretos-ley que presentaba a examen, tras un acuerdo con Junts difuso y confuso acerca de distintas cuestiones de distinto encaje constitucional, si bien han dejado tocados al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, por haber llevado a que las negociaciones se hicieran deprisa y corriendo y rozaran el esperpento, ha supuesto también varios hallazgos sobre la esencia del partido del prófugo Carles Puigdemont que quizá no eran tan evidentes, como que Junts tiene tics de partido supremacista que con esta actitud es colindante con la extrema derecha.
A estas alturas es todavía difícil de determinar si el Gobierno fue el que cedió por encima de sus posibilidades, o si Junts trasladó que había salido ganando en todos los envites cuando en realidad tendrá muy difícil materializar esas ganancias, que en cualquier caso no habrá cobrado por adelantado, aunque le hayan servido para armar un relato que le permite para ganar tiempo mientras se tramita la ley de amnistía, que es lo que realmente le interesa y para lo que necesita a Pedro Sánchez. No obstante, Junts se encuentra a partir de ahora ante otro peaje, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, donde ya no sirve el juego de trileros ni la escenificación de la victoria porque, ahí sí, no se habla de “declaración de intenciones” sino de dejar negro sobre blanco su repercusión e incidencia sobre el gasto y las inversiones en Cataluña.
Que Junts jugó de farol en esta negociación parece cada vez más evidente. Retiró de forma inmediata la tabla de premios y castigos para instar a volver al Principado a las empresas que abandonaron Cataluña como consecuencia del “procés”, porque era un despropósito inviable que iba contra otra de las esencias de un partido conservador y representante de la burguesía catalana; exhibió como un éxito el cambio de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que consideraban que podría impedir la aplicación inmediata de la ley de amnistía, haciendo caso omiso de que no podrán evitar lo que viene fijado por las leyes europeas, y por último, para largo me lo fiais con la delegación de las materias de inmigración de competencia exclusiva del Estado, relativas al control de fronteras y de los flujos migratorios o la fijación de cupos de refugiados y asilados, pendiente de una ley orgánica de difícil negociación. El punto xenófobo y supremacista de Junts nunca había sido tan evidente y motivado porque, como en otros lugares, la incidencia de la inmigración irregular se ha convertido en un punto esencial del debate político y Junts no quiere perder cuota electoral respecto a otros partidos ultraderechistas de nuevo cuño abiertamente racistas e identitarios.
El partido de Puigdemont, además, pactó un asunto sobre el que no tiene ninguna capacidad de influir a corto plazo porque no forma parte del Gobierno autonómico, en mano de ERC, que ha acogido la iniciativa con displicencia ante la falta de conocimiento sobre la letra pequeña del acuerdo, y además ha vuelto sellar su compromiso con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Ahora bien, el Gobierno que ha recibido oxígeno en el último momento, no se sabe si porque en Junts han sido incautos o porque estaban más interesados en la escenificación de su debilidad que en el contenido de lo que firmaban, ya sabe que no puede jugar con fuego más veces, porque no puede engañar a todos todo el tiempo.
