La corrupción persigue al PP como la sombra a quien la proyecta. Y hay días en que se hace más alargada.El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps compareció el miércoles en la comisión parlamentaria que estudia la presunta financiación ilegal del PP en la que negó todos los aspectos sobre la trama Gürtel que otros dirigentes de PP han indicado señalándole como el inspirador de los pagos de los actos electorales del partido con facturas falsas a la trama Gürtel. De forma paralela, los principales grupos de la oposición PSOE, Podemos y Ciudadanos, han acordado una batería de 75 medidas de lucha contra la corrupción que el PP no suscribirá y que contaran con la abstención del PNV y el PdeCAT.
Además de servir para algún atisbo de vendeta personal al señalar a Eduardo Zaplana, su predecesor en el cargo, como quien le presentó a los artífices de la trama Gürtel, Camps lo único que ha hecho ha sido desmentir todas y cada una de las acusaciones vertidas contra él en el juicio de la etapa valenciana de la Gürtel. Esta en su derecho. En las comisiones parlamentarias no se exige decir a verdad como cuando se declara como testigo en un juicio. A pesar de haber sido abandonado por su partido, Camps es de los que no tiran de la manta, porque de hacerlo podría quedar destapado. Tampoco desveló nada que no haya sido su argumentario exculpatorio basado en la ignorancia de la financiación del partido, y en la convicción de que de haberlo sabido no lo habría permitido, una excusa recurrente desde Mariano Rajoy a toda la cadena descendente de mando, pese a los sumarios que están siendo instruidos en los que el partido aparece como procesado, además de que importantes dirigentes que pactan con la fiscalía a cambio de contar lo que consideran la verdad de los hechos. Los jueces dirán quién lleva razón.
Pero si en los juzgados no le va bien, en el Congreso tampoco les va mejor a los populares, tras el acuerdo en la subcomisión del régimen y financiación de los partidos políticos que, entre otras medidas, propone endurecer el delito de financiación ilegal. Los populares afirman que muchas de las medidas ya están en las leyes aprobadas en la pasada legislatura. No tendrían, por tanto, que poner impedimento en la reiteración pero la oposición les pone en evidencia cada vez que sale a colación la corrupción contra la que no aciertan en su tienen defensa, y ante ese ataque combinado no sirve la excusa de cosa juzgada por las urnas, como si no las tuvieran todas consigo no por los casos que ya han salido a la luz, sino porque pudieran surgir otros nuevos que pudieran ser evaluados a la luz de las futuras normas.
La mayoría alcanzada en la subcomisión mencionada se van a repetir en el resto de votaciones. Es el juego parlamentario consecuencia de ponerse de perfil cada vez que se habla de la corrupción del PP y de poner en marcha el ventilador con los demás sin haber asumido responsabilidades políticas que no hayan sido forzadas por lo jueces.
