El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha desoído el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido investigar a altos directivos de CajaMadrid, Bankia y Bancaja que diseñaron la puesta en marcha de las participaciones preferentes que han dejado disminuidos los fondos de decenas de miles de ahorradores que confiaron en los gestores de sus oficinas bancarias, que les colocaron un producto financiero de alta complejidad y muchos riesgo. La diferencia de este producto de alta rentabilidad con otros casos de presuntas estafas con el señuelo de la alta rentabilidad es que no te lo ofrecían en chiringuitos de distinto tipo, sino con el respaldo de una institución financiera.
La colección de delitos que investigará el juez en la vía penal -estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas- abre una nueva vía para que los pequeños ahorradores atrapados en las preferentes puedan recuperar su dinero, que sufrirá una quita importante en los procesos de arbitraje. Que había grandes inversores que pretendían hacer mucho dinero con este producto es cierto. Pero no lo es menos que las personas que se ha visto en manifestaciones y protestas y contando sus dramas personales tras haberse visto arruinadas no responden al perfil de los primeros, ni por la cuantía de la inversión, ni por la procedencia del dinero invertido, que en la mayoría de los casos se encontraba ya en el propio banco o caja en otros productos financieros de mayor seguridad. Que el producto estuviera regulado y no fuera fraudulento, como afirma el fiscal anticorrupción no quiere decir que los cinco directivos contra los que se dirige la querella no hayan tenido un plan preconcebido.
El juez, que ya instruye el caso Bankia y su salida a Bolsa, ha abierto pieza separada por la querella presentada por UPyD pero aún debe pronunciarse sobre la admisión a trámite de otras tres en el mismo sentido y ha dejado fuera a los responsables de los organismos reguladores, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la CNMV Julio Segura, acusados de encubrimiento.
Se abrirá ahora un nuevo 'macroproceso' en el Audiencia Nacional, con lo que todo ello implica de dilación a la hora de realizar la investigación y la saturación que va a originar en el juzgado de Andreu que va a necesitar un fuerte apoyo técnico, desde el momento en que todos los juzgados en los que se siguen procesos contra esas entidades financieras se van a inhibir a favor de la Audiencia Nacional, al que le corresponde un asunto con afectados por todo el territorio español. Se trata de que la sentencia se produzca cuanto antes y que tendrá, de ser condenatoria, importantes consecuencias en la cuentas de resultados de las entidades que con mayor profusión, precisamente las que se encuentran nacionalizadas, utilizaron este mecanismo de financiación. Por el momento ya han comenzado a conocerse sentencias condenatorias en primera instancia por la comercialización de las preferentes e incluso el Supremo ya ha tenido la primera oportunidad de pronunciarse sobre ellas condenando a un banco a devolver íntegramente el dinero invertido por un matrimonio.
Sea por la vía penal, civil o de lo contencioso, los afectados por las preferentes tiene derecho a conocer si han sido víctimas de la maquinación de unas instituciones financieras que primero presuntamente les engaña y a las que luego tienen que ayudar a salvar. Paganos por partida doble.
