La renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional prevista para el próximo mes de marzo se va a realizar antes que en otras ocasiones, aunque debiera haberse hecho ya. Es una buena noticia y casi una novedad dado que cada renovación que corresponde a las cámaras legislativas suele venir precedida de dilaciones sin cuento por intereses políticos. En este caso el acuerdo entre el PP y el PSOE acelera los trámites. Que los plazos se cumplan aproximadamente es una forma de respetar a las instituciones y que los ciudadanos no las vean como un elemento de confrontación y de esta forma ganen en credibilidad.
Fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero quien cambio la ley para que los magistrados que tengan que ser nombrados por el Senado, como es el caso, fueran propuestos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de esta forma acentuar el carácter territorial de la Cámara Alta. En la anterior ocasión, desde el PP se vulneró el espíritu de la norma y todas las CC AA gobernadas por este partido presentaron a los dos mismos candidatos, al fallecido Francisco José Hernando y a Enrique López, quien tuvo que dejar el cargo tras ser pillado por la policía municipal madrileña conduciendo una moto con un alto grado alcohólico. Ambos se habían caracterizado por hacer oposición al Gobierno socialista desde el CGPJ.
En esta ocasión el PP está dispuesto a repetir la jugada y presentar dos únicos candidatos, Alfredo Montoya y Ricardo Enríquez, que sustituyó a Francisco José Hernando y que está a punto de cumplir su mandato en el mes de marzo, por lo que también urge normalizar su situación. Los socialistas por su parte tiene clara la candidatura de la catedrática María Luisa Balaguer, que será presentada por el Parlamento andaluz. Dada la composición de la Cámara Alta, al PSOE solo le correspondería un candidato, pero como Ciudadanos y Podemos no están dispuestos a participar en lo que denominan un “cambio de cromos”, y el PNV tampoco va a presentar un candidato, el PSOE podrá proponer al ex fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, después de que el PP le haya levantado el veto.
Tras esta renovación, y pese a las reticencias que genera la división de los magistrados en bandos, el sector conservador seguiría conservando la mayoría de los doce miembros que componen el Tribunal Constitucional. Las nuevas incorporaciones garantizarían que todas las resoluciones que tengan por objeto frenar el proceso independentista catalán sigan siendo por unanimidad, para no dar ninguna baza a los soberanistas con los votos particulares discrepantes.
Cuestión aparte es quien será el próximo presidente del TC. El PSOE ha vetado al magistrado Andrés Ollero, por haber sido diputado del PP durante varias legislaturas y por su adscripción al Opus Dei, a pesar de ser uno de los magistrados que puede aspirar al cargo por la regla no escrita de que se encuentra en su último periodo de mandato. Aunque el pacto entre populares y socialistas parece que va encaminado a que sea el conservador Juan José González Rivas quien sustituya a Francisco Pérez de los Cobos –quien también fue militante del PP-, el acuerdo puede saltar por los aires si el propio Andrés Ollero sabe jugar sus bazas, porque al fin y al cabo las votaciones son secretas y algún magistrado puede hacer gala de su independencia respecto al partido que le propuso y romper el pacto político.
