Cuando alguien pierde la autoridad moral,
que es algo así como el reconocimiento
de una mayor talla, sólo se puede imponer por la fuerza o la coacción, aunque, a veces,
simplemente pasa a ser un funcionario
acobardado. Estoy pensando en los maestros, en los médicos, en los jueces... Hasta hace
relativamente poco, el maestro era
alguien que sabía y enseñaba a los que ignoraban casi todo; el doctor, el que manejaba la vida de las
personas, que se ponían ciegamente en
sus manos; y el señor juez, el que dictaba sentencias casi inapelables.
Viene esta introducción a cuento de que la
Comisión de Educación y Ciencia del
Senado ha aprobado hace unos días una moción del PNV respaldada por todos los grupos parlamentarios
no se sorprendan, no es un erroren la
que la Cámara insta al Gobierno a regular el uso del término doctor con el fin de dignificar a
este colectivo y evitar el intrusismo
profesional. El senador Maqueda aseguró que no es lo mismo estudiar una licenciatura que obtener el
grado de doctor' y que no se debe
permitir que la expresión se utilice de forma indiscriminada, puesto que da lugar a
equívocos o confusiones sobre el nivel
de formación de cada cual.
Nada
que alegar a la preocupación de los senadores, salvo que mejor harían en proponer medidas para que los
médicos, que son doctores, aunque sólo
hayan hecho la licenciatura en muchos casos seguida de otros cuatro años de MIRno tengan
que hacer, por miedo, una medicina
defensiva, no tengan que padecer agresiones, insultos y faltas de respeto ni que emigrar porque aquí
les pagan peor que en otros países
vecinos. Otro tanto podríamos decir de los maestros, para los que tampoco hay que recuperar un
viejo nombre sino un respeto básico, un
apoyo social y una dignificación profesional e, incluso, salarial. Lo de cambiar los nombres
no está mal de vez en cuando, aunque
pasar de porteros a empleados de fincas urbanas' es un avance, pero sólo de fachada.
A la
medicina, al magisterio y a la judicatura deberían ir los mejores, como, en el último caso, ha propuesto
el ministro de Justicia, Fernández
Bermejo. Pero alguien debería explicar
antes si es verdad lo que dice el fiscal
de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos
(Gaceta de los Negocios, 11112007) de que a los aspirantes a jueces no les enseñan a argumentar una
sentencia'. O lo que añade Juan
Antonio Rico, secretario judicial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de que en el acceso a la
Judicatura todos los años baja la
calidad y hay que aprobar a mucha gente que no lo merece. Se han aprobado exámenes tipo test, asegura, con
sólo 44 aciertos sobre 100 preguntas. Y
eso no puede ser'. Si los jueces que aprueban sólo se saben cuatro de cada diez preguntas y hay
que seguir bajando el nivel cada año, no
es que la Justicia esté mal, es que puede ponerse peor.
