El 24-M ha confirmado que la vieja política en las formas, métodos y procedimientos, está agotada. Afortunadamente, esa manera de entender el poder en clave de dominación y exclusión tiene sus días contados. En buena medida, la emergencia de los nuevos partidos se debe, es lógico, a la cerrazón de las formaciones tradicionales, controladas y dirigidas por férreas nomenclaturas concentradas en la tarea del mantenimiento y conservación del poder como única finalidad. Mientras, la indignación ante políticas tecnoestructurales, sin alma, ha sido creciente y de esos polvos estos lodos.
En efecto, la profunda crisis que atraviesa la forma en que nuestros políticos de toda la vida entienden últimamente la democracia representativa conduce, de una u otra manera, a que la indignación reinante reclame democracia real, auténtica, genuina. Una de las causas de la honda crisis en que se encuentra el sistema político reside en que el pueblo empieza a percibir que su protagonismo ha sido suplantado, de una u otra manera, por los dirigentes, por los profesionales del interés general. Un colectivo que con honrosas excepciones se ha creído que era el titular del poder y que podía manejarlo como le viniera en gana. Como se consideraban los dueños del poder, así razonaban erróneamente, manejaron los fondos públicos sin conciencia de quienes son sus legítimos propietarios –los ciudadanos- llegando a cotas de corrupción y despilfarro que asombran a propios y extraños.
La escasa relación, que existe en general entre el pueblo y sus representantes, justifica, en gran medida, que la petición de democracia real se sustancie por el camino de las fórmulas de democracia directa más conocidas: referéndums, iniciativas populares y consultas. Si las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas hubieran propiciado y fomentado esquemas institucionales de relación y vinculación entre elegidos y electores, probablemente el distanciamiento y desafección dominante no hubiera alcanzado la dimensión que hoy tienen. Por eso hoy, ante la ausencia de reformas en la materia, tras el 24-M tendrán que llegar cambios como las listas abiertas, la obligación de los diputados de atender cotidianamente a los electores, la rendición real de cuentas, la participación de la militancia en la elección de candidatos a cargos electos, una más frecuente convocatoria de referendums, presencia de los afiliados en la definición de los idearios de los partidos...
La necesidad de que el pueblo opine, al menos en los asuntos de mayor enjundia, en asuntos que afectan a sus condiciones de vida, es cada vez más urgente. No puede ser, de ninguna manera, que se tomen decisiones que afectan seriamente a las condiciones de vida de los ciudadanos sin consulta previa, sin conocer la opinión ciudadana. Menos todavía, no debería salir gratis que se tomen ciertas medidas que castigan claramente y sin paliativos a las llamadas clases medias de nuestra sociedad como consecuencia de la negligencia y la incapacidad de manejar adecuadamente una situación de crisis económica y financiera. Hoy, tras el 24-M, esperemos que las cosas cambien y se abra el orden político a la centralidad de la dignidad del ser humano en todos sus sentidos y dimensiones.
