La Agencia Tributaria ha abierto 27.696 inspecciones a jubilados retornados y a jubilados extranjeros residentes en España por no declarar su pensión de un país extranjero. En cambio no se sabe nada de la situación fiscal de las mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales. ¿Y qué decir de los 30.000 defraudadores que se beneficiaron de una ‘amnistía fiscal’ como la de 2012. "Sobre estas personas –los pensionistas-, el ministro Cristóbal Montoro ha hecho recaer la Ley General Tributaria con todo su peso, sin ningún tipo de consideración. Sin embargo, para los amnistiados ha sido benévolo y bastante comprensivo, hasta el punto de que ha modificado la propia ley", denunció el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado.
Si algo se sabe es que el desempleo y la corrupción han convertido España en uno de los líderes del fraude, con un montante de economía sumergida equivalente al 24,6% del PIB, unos 253.000 millones de euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes, por cierto, trabajan de manera descoordinada con las haciendas autonómicas, ya que la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) no comparte con ellas una base de datos fiscales única.
Puede darse el caso de que un inspector fiscal de la Xunta descubra una irregularidad de un contribuyente con el IRPF pero que al no ser de su competencia no pueda hacer nada por evitarlo. Y lo mismo le puede suceder a un inspector de Hacienda si de paso que investiga un asunto de IRPF descubre una irregularidad en algún impuesto transferido.
Pero en un país con estas graves carencias fiscales –en Galicia la economía sumergida supera incluso el 25%-, ya sabemos que van a inspeccionar a los jubilados retornados.
Es evidente que España precisa una gran reforma fiscal, tanto para corregir la carencia de ingresos del Estado como para avanzar en la progresividad, pero también requiere una actuación más eficaz por parte de la Agencia Tributaria, cuyo prestigio se vino abajo en los últimos años por injerencias políticas y la carencia de funcionarios especializados. Según denunció Gestha en Bruselas, el hecho de que Hacienda solo cobre uno de cada seis euros descubiertos es uno de los indicadores que revelan el agotamiento del modelo de agencia tributaria.
España, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda, es el país de la Unión Europea con menos recursos para luchar contra el fraude fiscal. Dispone de un trabajador de Hacienda por cada 1.958 habitantes, frente a los 740 de Alemania o los 942 de Francia. Las dos primeras potencias de la Unión Europea son dos de los países con menor índice de economía sumergida: 13,1% del PIB en Alemania y 10,8% en Francia, porcentajes que solo mejora, fuera de la eurozona, Gran Bretaña (10,1%). Por el contrario, en peores posiciones que España solo están Italia –un país donde funciona la mafia-, Portugal y Grecia.
Un Gobierno social se supone que debe aplicar criterios de progresividad fiscal, ya que no es lo mismo un impuesto directo que uno indirecto. Pero nada de esto está sobre la mesa de la reforma fiscal en marcha, que es más bien un maquillaje técnico, con ciertos criterios inspirados por organismos internacionales al servicio del neoliberalismo como el FMI o la Comisión Europea.
