En el inicio de la IV Legislatura de las Cortes Generales del Estado, el Presidente del Congreso, el socialista Félix Pons Irazazábal (todos sabemos cuál sería hoy su opinión sobre la situación actual de la política española y sobre el perfil psicológico del líder de lo que un día fue su partido) negó la condición plena de diputados a los tres integrantes de Herri Batasuna que utilizaron la expresión “por imperativo legal” cuando les pidió jurar o prometer acatar la Constitución.
Lo vivido estas horas en el Congreso es la antítesis de aquella realidad. Esa palabra “amnistía” que comienza por las mismas letras que “amnesia”. Esa pérdida parcial o completa de la “memoria constitucional” que hizo que quien vuelve a presidir el “gobierno” de España adquiriera esos siete votos que se administran desde Waterloo para continuar con el alquiler del colchón que utiliza en Moncloa. Un colchón sobre el que también juró no podría dormir si pactaba con Podemos. Un precio altísimo, el precio de la desvergüenza, que advertimos al leer esa proposición de ley fatídica para los principios constitucionales que no contiene una exposición de motivos sino una “exposición de mentiras”.
Los partidos políticos se presentan para decirle a los ciudadanos que harán efectivos sus programas electorales. Sánchez dice ahora que hará lo contrario de lo que solemnemente afirmó no hacer. Curioso que sus iniciales (P.S.) sean las mismas que Post Scriptum, esas palabras finales que conocemos como posdata y vienen a continuación de lo importante. Despúes de lo escrito, después de lo dicho, después de lo jurado ante los electores, Sánchez hace lo contrario. ¿Existe algún ejemplo mejor para perpetrar el fraude?
La proposición de ley que regule la amnistía realmente es una amnistía al propio Pedro Sánchez. Pero la amnistía real sólo puede proporcionarla el cuerpo electoral, y así dictará sentencia, cuando volvamos a ser convocados a las urnas. Y volverá a ser plena la doctrina más conocida de Charles Louis de Secondat, señor de la Bréde y Barón de Montesquieu, la de la división de poderes del Estado –legislativo, ejecutivo y judicial- separados en tres ramas independientes y en tres áreas de responsabilidad distintas, donde ningún poder mandara sobre el resto.
La alternativa política que lidera el ganador de los comicios del 23 de julio, el ourensano Núñez Feijóo, se corresponde con el lado bueno de la Historia contra el puzzle que ha conformado Sánchez basado en la impunidad, la mentira y la traición a nuestra Carta Magna. Por eso el voto en contra de la reedición de este ejecutivo frankestein no extrañaría que sonara en el hemiciclo “¡no, por imperativo legal!”. Y lo que es más importante: no, por imperativo moral. Si Félix Pons levantara la cabeza…
