De un tiempo a esta parte, algunos miembros de las élites latinoamericanas están haciendo mucho ruido en torno a una idea que va y viene desde los años setenta, y que ahora parece estar otra vez en auge al calor de los avances de la derecha radical identitaria: el reunificacionismo. Es sobre todo en Puerto Rico donde más se ha extendido la idea de que un país latinoamericano vuelva a formar parte del Reino de España, aunque también surge de vez en cuando en otras repúblicas hispanas de ese lado del Atlántico, e incluso en Guinea Ecuatorial. En el caso de Puerto Rico, la explicación es evidente: esta idea constituye una tercera opción frente al independentismo y al estadismo. El independentismo boricua, que había llegado a ser una opción acariciada por un amplio sector de la población, vive sus horas más bajas porque muchos portorriqueños desconfían, y no les falta razón, del futuro que aguardaría a su isla una vez proclamada la independencia. La mayoría piensa que un Puerto Rico independiente no tardaría en sufrir la misma evolución populista de otros países latinoamericanos, e incluso caer en alguna forma local de chavismo. Por otro lado, mayor es el número de ciudadanos que desearían convertir a la isla en uno más de los Estados Unidos de América. En realidad, nada se opone a ello. Si Hawaii, mucho más alejado del continente, pudo convertirse en estado, ¿por qué no Puerto Rico? ¿Por el idioma? No, porque ya existen lenguas cooficiales en tres de los estados actuales y el español sin duda podría disfrutar de ese mismo o incluso superior estatus. Los partidarios del estadismo ansían beneficiarse de las ventajas plenas de ser un estado de la Unión, pero en realidad los ciudadanos de Puerto Rico ya tienen prácticamente todos los derechos de cualquier norteamericano.
Según las encuestas recientes, la segunda opción más apoyada en Puerto Rico, después del estadismo, es la reunificación con España. El argumento principal de sus defensores es unirse a un país desarrollado y evitar así el peligro populista que asola la región, pero escogiendo un Estado más acorde a la lengua y la cultura de la isla. Añaden todo tipo de argumentos históricos, diciendo por ejemplo que la ocupación estadounidense tras la guerra de 1898 no fue legal. Pero la verdad es que ni en Puerto Rico ni en el resto de América Latina prendió el reunificacionismo cuando España era un país atrasado y pobre. Es curioso que ese movimiento haya ido creciendo a medida que España se ha desarrollado, se ha inscrito entre las quince mayores potencias industriales, se ha dotado de una democracia aceptable y, sobre todo, ha alcanzado un alto nivel de vida. Pero hay otro factor más. El Estado autonómico, que la extrema derecha española, con Vox al frente, rechaza y pretende eliminar, es, sin embargo, uno de los argumentos que ofrecen hoy los reunificacionistas. Consideran, desde el otro lado del Atlántico, que el grado de autonomía reconocido por la Constitución Española de 1978 a sus regiones sería suficiente para ellos. Esto no es así, en absoluto. El estatuto de autonomía actual de cualquier comunidad española es considerablemente limitado en comparación con el estatus actual de Puerto Rico.
En cualquier caso, la reunificación no es posible por el lado español. Es, sencillamente inviable. La frágil arquitectura constitucional de la territorialidad española tendría grandes dificultades para encajarla. El marco competencial de las comunidades autónomas es muy cicatero. Incluso con el más amplio de ellos (el foral), con concierto económico y con un régimen fiscal especial como el canario, seguiría siendo muy bajo en comparación con lo ya conseguido por la isla. España tendría que habilitar, para acoger en su seno a Puerto Rico, un sistema autonómico de dos velocidades (o de tres, si consideramos que el actual ya es de dos). Esto abriría sin duda la caja de Pandora, ya que de inmediato algunas comunidades actuales exigirían, con razón, disfrutar del mismo grado de autonomía que los recién admitidos. Los reunificacionistas son bastante ingenuos si creen que en el marco español vigente podrían disfrutar de autonomía política. A menos que tengan en realidad voluntad de renunciar a todo autogobierno, ya que invocan como ejemplo la supuesta y cuestionable “descolonización” francesa (Guayana Francesa, Martinique, Guadeloupe, etc.) por integración en la república, proceso que en realidad ha anulado toda expectativa de autonomía de esos territorios.
En definitiva, el delirio reunificacionista, alimentado por la trasnochada anglofobia tan característica de las élites criollas y por un renovado pero inconducente nacionalismo panhispánico, es por completo ilusorio. Se engañan quienes crean que esa ocurrencia es, ni remotamente, posible en el mundo actual. Mejor harían en buscar soluciones locales que, sin merma de su autogobierno, les llevaran por el camino de la libertad y el desarrollo. Esta moda, engrasada quizá ahora por la ultraderecha española que ha desembarcado en América Latina con muchos euros (o forints, o rublos) no tiene recorrido por delante.
