Si bien en el mes de agosto suele quedarse un propio en la garita mientras el resto pone pies en polvorosa aprovechando la natural serenidad del momento, no siempre han sido los veranos momentos de quietud y tiempo libre, y abundan los episodios truculentos que tiñen los recuerdos de dolor y malos sueños. No hace falta remontarse a tiempos muy pretéritos para recordar cómo, a principios de un caluroso mes de agosto de 1897, un sujeto italiano de aspecto frailuno y supuesta profesión de periodista llamado Michele Angiolillo, mató a tiros a Cánovas del Castillo mientras el jefe de Gobierno descansaba en un balneario del País Vasco. El asesinato desencadenó una espantosa tragedia humana y una grave crisis política que solucionó como buenamente pudo su rival político y sin embargo amigo, Práxedes Mateo Sagasta, al que un año después la guerra colonial estalló entre las manos.
El mes de agosto de 2022, ciento veinticinco años después de esta tragedia, ya exhibe maneras de aspecto adusto y ni siquiera los habitantes de la Moncloa saben por dónde va a salir. Pero muy bien no pinta y todo indica que la cúpula del Gobierno no va a poder dejar un propio en cada ministerio porque el escenario reclama más presencia. Ayer nos desayunamos con un panorama jurídico de espoleta retardada que afecta al nuevo fiscal general del Estado y especialmente a varios personajes de la vida política nacional en cuya piel no desearía yo estar por si las moscas aunque esa piel sea tan incombustible como la de Juan Carlos Monedero al que la Audiencia Nacional ha abierto procedimiento por sospechar el blanqueo de 45.000 euros. Tampoco me gustaría estar en la de Laura Borrás obligada a dimitir de su cargo como presidenta del Parlamento catalán tras ser acusada de blanqueo. El conflicto en la cámara catalana es de tales proporciones que quienes han decretado la suspensión de Borrás son sus propios compañeros de andadura política y componentes de la Mesa del Parlament, los socialistas del PSC y los republicanos de Esquerra.
Para completar el cuadro de noticias de carácter judicial que lo copan todo en los inicios de agosto, un juzgado de Mérida acaba de admitir a trámite un recurso contra la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito que probablemente paralizará el proceso durante un largo tiempo. El trámite de la fusión debería darse por resuelto en enero de 2027 bajo el nombre de Vargas Altas, pero esta acción judicial lo ha frenado en seco.
