Conversaba ayer con un policía amigo a no mucha distancia del lugar del casco urbano pontevedrés donde Rajoy fue agredido con un bestial puñetazo a traición, y escuchaba las reflexiones de uno que sabe bien de eso porque es su oficio. Si en lugar de propinarle ese puñetazo que estalló próximo a la órbita del ojo izquierdo, el agresor hubiera tenido a mano un estilete, hoy estaríamos conmocionados y enfrentándonos a un nuevo episodio de los muchos dramáticos hechos que jalonan nuestra historia más negra y que costaron la vida a seis jefes de Gobierno. Por orden: Juan Prim en 1870, Antonio Cánovas en 1897, José Canalejas en 1911, Eduardo Dato en 1921, y Luis Carrero en 1973. Mariano Rajoy salió por fortuna entero del lance con un rosetón en un carrillo, pero pudo no haberlo contado y estaríamos ahora en estado de shock.
Mi interlocutor creía que en las condiciones en las que Rajoy ha decidido afrontar su campaña electoral ningún sistema de seguridad puede garantizarle un servicio efectivo. Rajoy, al que se le acusó repetidas veces de aislarse y no estar en contacto con la gente de a pie, se ha decantado por la cercanía para enjugar ese déficit y ha resuelto pasear calles y plazas mezclándose con la gente, lo que en términos policiales es un auténtico quebradero de cabeza. En estas condiciones, cualquiera puede pegarse literalmente a él y actuar en consecuencia sin que sus escoltas tengan tiempo y espacio suficiente como para reaccionar ante un gravísimo problema.
Rajoy no es un candidato cualquiera sino el presidente del Gobierno y esa condición es materia suficiente para un tratamiento riguroso en extremo como ocurre en todas partes y como el pragmatismo dicta y la prudencia aconseja. De hecho, en los Estados Unidos no es el presidente quien fija las condiciones de su propia seguridad sino el Servicio Secreto, cuerpo de élite que se ocupa de ejercerla. Existe un protocolo establecido que se aplica rigurosamente y que el presidente está obligado a cumplir sin rechistar. Sus protectores dictan las normas y él las acata y en modo alguno se le podría ocurrir ordenar que las modificaran porque no le harían ni caso. Se protege el cargo y no la persona y así debe ser. Nos evitaríamos sustos como éste, sea quien sea el que esté en la Moncloa.
