Que quede claro que la sentencia contra Maroto y Alonso no es el golpe de descabello al ala conservadora del hemiciclo, lo ruin es que el PP los apoye, mediando sentencia en firme estableciendo que ambos causaron un daño a los ciudadanos y los dineros públicos, sobre todo habida cuenta de que a Soria lo empujaron a dimitir sin que mediara sentencia, juicio ni investigación, sino apenas noticias de su participación en los papeles de Panamá, que no deja de ser motivo más que sobrado como para despedirse por la puerta trasera.
Pero antes de alzar el dedo acusador como si la cosa sólo fuera con un solo bando, conviene recordar que gravitando en el aire están las correrías de Chaves y Griñán, dejando manifiesto que hay para repartir entre todos. La magnitud de los casos de corrupción de este país guarda una relación directamente proporcional a la proximidad al poder. Así, cuando cualquier formación participa de él, automáticamente se acaba mancillando.
Nadie está a salvo, y para muestra la concejala pamplonica Laura Berro por la adjudicación de un contrato de 130.000 euros a su hermana, alegando que la concesión fue un error pero que no dimitirá, obviando que en política ese tipo de equivocaciones, y otras, se saldan de una única forma: dimitiendo.
Esta es la auténtica “casta” que hay que apartar de la cosa pública, y que afecta en igual medida a formaciones políticas, sindicatos, entidades de gestión y organizaciones análogas. Basta recordar los escándalos económicos de la SGAE, o el del sindicalista José Ángel Fernández Villa, quien aprovechando la amnistía fiscal regularizó casi un millón y medio de origen desconocido.
Estos y otros desmanes deben solventarse definitivamente por el bien común. Obligando dimitir a los corruptos, sin ambigüedades ni tonterías entre “investigados” e “imputados”, sino con uno de los mejores mecanismos que aseguren la mayor higiene en el Estado: la prevención. Los partidos deben comprometerse a aprobar en la próxima legislatura una ley que impida permanecer más de ocho años en cualquier cargo de estas formaciones, con la imposibilidad de regresar en un período mínimo de doce, cesando automáticamente a la mitad por cuatrienio, renovando así con aire fresco las instituciones. De este modo se garantizará la presencia permanente de veteranos con cuya experiencia se mantenga la estructura de los partidos y organizaciones sindicales, pero se evitará que perpetuándose, los cargos puedan corromperse.
Deban someterse anualmente a una auditoría en el Tribunal de Cuentas, justificando hasta el último céntimo para evitar enriquecimientos como el del sindicalista asturiano Fernández Villa, u otros que se puedan seguir dando a distintas escalas, exhortando fraudes como los de los cursos de formación que han salpicado suciedad en todas direcciones.
En todas las organizaciones hay garbanzos negros, pero también individuos de conducta intachable que no merecen que su labor ni su persona se vena empañados por la actuación de trepas, chorizos y sinvergüenzas. Por el bien de estas personas honestas, del electorado y del país, cabe exigir ya un compromiso legislativo a quien gane las elecciones, demostrando que el rechazo a la corrupción no es una charla de mentirijillas, disponiendo de estos mecanismos simples, sencillos y gratuitos, como es legislar para evitar que alguien pueda eternizarse en las organizaciones corrompiendo todo cuanto toque.
