Se acaba de pedir a Juan Carlos Monedero que presente el informe sobre la moneda bolivariana por el que ha recibido una pasta de Venezuela. Bien, pues una treintena de juristas resulta que están colaborando con una empresa privada para la renovación tecnológica de la administración de justicia madrileña y que pueden estar cometiendo una irregularidad por cobrar de una empresa privada y por no haber pedido permiso al CGPJ para realizar labores de asesoría. Aplicando la lógica empleada con Monedero, que dice que los informes son confidenciales y de quien los paga, habría que pedir a los señalados que presenten los informes para ver si valen lo que cuestan. Por utilizar la misma vara de medir.
