Adiferencia de las personas físicas y también de las jurídicas de la esfera privada, con todo mayoritariamente constituidas por tiempo indefinido, las distintas administraciones y organismos del Estado disponen, por lo general, de un horizonte infinito. Por lo que están obligadas a imprimir una dimensión intergeneracional a buena parte de su actividad, así como a injerencia en el funcionamiento del resto de los sectores. Así se explica la sensibilidad gubernamental por el gasto en educación, sanidad y pensiones, por citar los tres ejemplos más representativos del catálogo de servicios que tradicionalmente han conferido sentido a la existencia de la cosa pública. O su protagonismo y liderazgo en la dotación y el desarrollo de infraestructuras -sean físicas, humanas o tecnológicas-que disfrutarán diversas generaciones.
En este sentido, alcanzar un nivel adecuado de provisión requiere -atendiendo al grado de desarrollo socioeconómico de un territorio y a sus objetivos estratégicas comparados- de una exigencia en la esfera del consumo y la inversión pública que, con frecuencia, excede la capacidad de financiación que pudiera en cada momento desprenderse del ahorro corriente. Lo que explica la necesidad de recurrir al endeudamiento. En otras palabras, la necesidad de financiación surge de un ahorro insuficiente, o de una combinación de consumo e inversión que supera, cuando se define, las posibilidades.
Pues bien, entre otros fenómenos, la deriva de la deuda pública apunta en España a una ruptura de la solidaridad intergeneracional. Una expansión sin precedentes, como la protagonizada por nuestro país en los cinco últimos años, ligeramente superior al 50% del PIB, no se está involucrando en financiar iniciativas destinadas a incidir en el crecimiento potencial. Financia, por el contrario, un exceso de gasto corriente que se disfruta en el presente, pero cuyo coste asumirán otros contribuyentes en el futuro. Lo que, con independencia de la cuantía, confiere mayor relevancia a la reforma en ciernes de la administración, que apunta a la supresión de duplicidades, al cierre o fusión de determinados agentes y a la implantación de cambios profundos en los sistemas de contratación y compra.
