Como ya sucediera con la constitución de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) o banco malo, para rescatar el crédito inmobiliario a promotor de la banca nacionalizada, el Gobierno también contempla la creación de una sociedad pública para el rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra. Este vehículo empresarial asumiría la deuda de constructoras y concesionarias asociada a la construcción, explotación y mantenimiento de una decena de autopistas privadas, cinco de las cuales ya se encuentran en concurso de acreedores. A cambio, se haría también cargo de activos que han visto comprometida su viabilidad como consecuencia de: un tráfico real sustancialmente inferior al estimado en las ofertas de adjudicación; sobrecostes en las expropiaciones, por el obligado reconocimiento de expectativas urbanísticas; o la ejecución de obras, como viene siendo habitual, no previstas. En definitiva, lo que el ejecutivo -a través de Ministerio de Fomento- plantea es nacionalizar las autopistas de peaje que amenazan ruina. O crear una concesionaria mala, que vendría así a sumarse al banco malo en lo que ya constituye una tendencia encaminada a dotarnos de estructuras públicas de carácter subsidiario, o malas, destinadas a confinar elementos tóxicos y redimir lo que no ha salido como estaba inicialmente previsto.
La idea no es nueva. Ni siquiera en lo relativo a su dimensión. Pensemos que el Imperio Británico y Francia llegaron a crear lo más próximo a países malos en Australia y la Guayana Francesa, respectivamente. Ambos territorios, entonces considerados inhóspitos, fueron explotados como colonias penales: entre 1788 y 1864 en el primer caso y desde 1852 hasta 1951 en el segundo. En general, los condenados en el marco del sistema penal colonial eran deportados a ultramar, donde buena parte terminaba falleciendo como consecuencia de castigos físicos, intentos fallidos de fuga, desnutrición, falta de asistencia médica o exceso de trabajo. En cualquier caso, la lejanía respecto a la metrópoli disuadía a los supervivientes de su intención de regresar a casa una vez cumplida la pena.
Me pregunto, a la vista de la creciente divergencia entre las expectativas y la capacidad real de gestión de capacidades y talentos, si no podremos redimir el deficiente funcionamiento de una parte relevante de nuestra clase empresarial y política con estructuras ad hoc. Entre otras, España necesita un Parlamento malo.
