El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ampliado la imputación del ex presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa por remitir información 'incompleta' e 'insuficiente' a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el fin de obstaculizar su labor supervisora e inspectora en la compañía.
El magistrado imputa al que fuera máximo responsable de la compañía por 'negativa o resistencia' a la actuación supervisora o inspectora de la CNMV, que se suma a los presuntos delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de cuentas anuales, uso de información relevante, estafa, falsedad en documento mercantil y un delito societario por los que ya está siendo investigado.
En un auto, fechado el pasado 16 de agosto, el juez atiende la documentación aportada por el organismo supervisor y la petición del Ministerio Fiscal para argumentar que los hechos investigados pueden incurrir en un delito societario, tipificado en el artículo 294 del Código Penal, al remitir Pescanova S.A. 'información incompleta, insuficiente y que omite aspectos relevantes' a la CNMV, organismo que ejerce la acción supervisora e inspectora.
La Fiscalía solicitó la ampliación de la imputación de Fernández Sousa después de recibir un expediente sancionador incoado en mayo por el comité ejecutivo de la CNMV contra el presidente y otros responsables de la empresa por la presunta comisión de una infracción muy grave por negarse o resistirse a su actuación.
FIANZA A SOCIEDADES
El Ministerio Fiscal ve congruente la remisión del expediente toda vez que los hechos pueden tener carácter penal, si bien solo respecto a Fernández de Sousa-Faro, sobre quien pesa una fianza de 178 millones de euros en la causa en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.
El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa deberá abonar en total un fianza superior a 350 millones de euros, ya que a los 178,85 millones que se le imponen personalmente hay que sumar las fianzas de 69,41 millones fijadas a las tres sociedades que controla (dos al 100% y una al 62,31%).
Son los casos de las tres sociedades a través de las que Sousa controlaba las acciones que poseía en la empresa gallega pesquera y que en la actualidad ascienden al 7,4% del capital tras las distintas ventas realizadas, que son motivo de investigación en la Audiencia Nacional por presunto uso de información relevante. Se trata de Inverpesca y de Sociedad Gallega de Importación de Carbones, de las que Sousa controla el 100% del capital, y de Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, de la que posee el 62,31% del capital.
Las fianzas están destinadas a cubrir futuras responsabilidades civiles en caso de condena penal, teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias presentadas.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, considera además en su auto del 16 de agosto que hay suficientes indicios de criminalidad contra los imputados como para imponerles las fianzas por este caso, que investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la compañía que después entró en concurso de acreedores.
Contra esta resolución Sousa podrá formular un recurso de reforma en el plazo de tres días o la apelación en el plazo de cinco días.
En un auto, fechado el pasado 16 de agosto, el juez atiende la documentación aportada por el organismo supervisor y la petición del Ministerio Fiscal para argumentar que los hechos investigados pueden incurrir en un delito societario, tipificado en el artículo 294 del Código Penal, al remitir Pescanova S.A. 'información incompleta, insuficiente y que omite aspectos relevantes' a la CNMV, organismo que ejerce la acción supervisora e inspectora.
La Fiscalía solicitó la ampliación de la imputación de Fernández Sousa después de recibir un expediente sancionador incoado en mayo por el comité ejecutivo de la CNMV contra el presidente y otros responsables de la empresa por la presunta comisión de una infracción muy grave por negarse o resistirse a su actuación.
FIANZA A SOCIEDADES
El Ministerio Fiscal ve congruente la remisión del expediente toda vez que los hechos pueden tener carácter penal, si bien solo respecto a Fernández de Sousa-Faro, sobre quien pesa una fianza de 178 millones de euros en la causa en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.
El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa deberá abonar en total un fianza superior a 350 millones de euros, ya que a los 178,85 millones que se le imponen personalmente hay que sumar las fianzas de 69,41 millones fijadas a las tres sociedades que controla (dos al 100% y una al 62,31%).
Son los casos de las tres sociedades a través de las que Sousa controlaba las acciones que poseía en la empresa gallega pesquera y que en la actualidad ascienden al 7,4% del capital tras las distintas ventas realizadas, que son motivo de investigación en la Audiencia Nacional por presunto uso de información relevante. Se trata de Inverpesca y de Sociedad Gallega de Importación de Carbones, de las que Sousa controla el 100% del capital, y de Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, de la que posee el 62,31% del capital.
Las fianzas están destinadas a cubrir futuras responsabilidades civiles en caso de condena penal, teniendo en cuenta el número de querellas y denuncias presentadas.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, considera además en su auto del 16 de agosto que hay suficientes indicios de criminalidad contra los imputados como para imponerles las fianzas por este caso, que investiga el supuesto falseamiento de las cuentas de la compañía que después entró en concurso de acreedores.
Contra esta resolución Sousa podrá formular un recurso de reforma en el plazo de tres días o la apelación en el plazo de cinco días.
