En menos de dos meses, la Audiencia de Ourense habrá juzgado en apelación a dos alcaldes de la provincia por el delito de prevaricación. Uno de ellos, de hecho, está juzgado y condenado a ocho años y medio de inhabilitación. Se trata del regidor socialista de Punxín, Alfredo Cruz Gago.
El siguiente en pasar por el banquillo de la Audiencia es Alberto Pardellas, alcalde del PP de Melón, y lo hará hoy mismo. Llega hasta aquí después de que el Ministerio Fiscal hubiese recurrido el fallo del Juzgado de lo Penal 1 que lo absolvía de prevaricación. En su momento, la Audiencia estimó el recurso de la fiscal -que había pedido nueve años de inhabilitación para Pardellas-, permitiendo la celebración de una nueva vista oral para proceder a una nueva valoración de las pruebas.
Pardellas acabó en los juzgados después de autorizar la construcción de un pabellón deportivo al lado de un monasterio declarado Bien de Interés Cultural. A pesar de las advertencias realizadas desde la Xunta para frenar las obras y restaurar la legalidad, el Concello continuó con ellas, hasta agosto de 2005, cuando sí se ejecutó la paralización, una vez que la Consellería de Política Territorial notificó al Concello el expediente de reposición.
La sentencia del Juzgado de lo Penal 1 argumenta que si bien 'se infringió la normativa urbanística', la ausencia de la autorización de Política Territorial 'no es suficiente para entender que el acusado cometió una prevaricación'. Aunque 'en el expediente consta una advertencia del secretario municipal sobre la necesidad de autorización autonómica' para la construcción del pabellón deportivo, aquélla, al criterio de la jueza, es 'una advertencia escueta'.
Pardellas acabó en los juzgados después de autorizar la construcción de un pabellón deportivo al lado de un monasterio declarado Bien de Interés Cultural. A pesar de las advertencias realizadas desde la Xunta para frenar las obras y restaurar la legalidad, el Concello continuó con ellas, hasta agosto de 2005, cuando sí se ejecutó la paralización, una vez que la Consellería de Política Territorial notificó al Concello el expediente de reposición.
La sentencia del Juzgado de lo Penal 1 argumenta que si bien 'se infringió la normativa urbanística', la ausencia de la autorización de Política Territorial 'no es suficiente para entender que el acusado cometió una prevaricación'. Aunque 'en el expediente consta una advertencia del secretario municipal sobre la necesidad de autorización autonómica' para la construcción del pabellón deportivo, aquélla, al criterio de la jueza, es 'una advertencia escueta'.
