El Concello de la ciudad quiere tener 'competencia exclusiva' en la ubicación de los intercambiadores del transporte metropolitano, al igual que en las paradas mixtas y las urbanas. Así queda de manifiesto en el anexo que la institución local pone como condicionante para firmar el convenio con la Dirección Xeral de Mobilidade, que fue remitido a este organismo de la Xunta el pasado martes y que ayer explicaron el concejal de Mobilidade, Manuel Herminio Iglesias, y el de Tráfico, Fernando Varela. Esa es ahora, pues, la clave para que el transporte entre la ciudad y su área de influencia pueda ponerse en marcha.
Los ediles nacionalistas resaltaron que 'o Concello ten a vontade unívoca de implantar o transporte metropolitano' pero reiteraron que los intereses del municipio tendrán que estar garantizados para llegar a un acuerdo. Esos intereses pasan, por un lado, por los propios intercambiadores. Además de elegir la ubicación, el Concello pone como condición que sean considerados parada término y retorno de las líneas interurbanas, lo que se escapa considerablemente de la preferencia que manifestó la Administración gallega de una ubicación céntrica, como la Alameda o San Lázaro, aunque no descarta uno que dé servicio al centro (hace unos meses se hablaba de la parte posterior del Barbaña). 'Non entraremos cos autobuses interurbanos no corazón da cidade', señaló Iglesias, apelando al informe que señalaba que, de ser así, podrían circular 300 autobuses por la ciudad.
Aunque eludió hablar de los puntos concretos, Iglesias considera importante establecer un intercambiador en la futura estación intermodal de A Ponte y otro en A Saínza (previendo el futuro desarrollo de la Finca Santamarina), si bien cree que en la ciudad podrían necesitarse 'tres ou catro' paradas deste tipo.
Mobilidade entiende que el Concello debe decidir el lugar de los intercambiadores al ser el encargado de diseñar las líneas de transporte urbano, toda vez que, según Iglesias, se comprometen, 'desde a nosas competencias, a garantir a máxima interconectividade entre ambos sistemas'. Mientras, Fernando Varela recordó que la actual ordenanza de tráfico, aprobada el año pasado por unanimidad, reserva las paradas de la ciudad a los autobuses urbanos, salvo autorización expresa.
LA CONCESIÓN
Al margen de querer 'salvagardar as competencias de ordenación de tráfico e transporte urbano', en el trasfondo del conflicto se sitúa una posible reclamación de la empresa concesionaria del transporte pública. No en vano, el contrato de concesión establece unos objetivos anuales de número de viajeros y, en caso de no llegar a ellos, es penalizada. Sin embargo, si el motivo por el que no alcanza esos propósitos puede ser atribuido al Concello -como sería que otros autobuses, en este caso los interurbanos, realizasen recorridos por la ciudad-, entonces la empresa podría presentar reclamaciones.
Cabe destacar que el año pasado los autobuses urbanos fueron utilizados por 7,3 millones de viajeros (el compromiso era de 7,7 millones) pero que la cifra a alcanzar en 2014 se sitúa en los 10 millones. Por eso, considera el Concello que 'en ningún caso o convenio (del transporte metropolitano) pode alterar os compromisos contractuais coa concesión do servizo de transporte urbano nin limitar a autonomía municipal para definir calquera modelo concesional futuro'.
Aunque eludió hablar de los puntos concretos, Iglesias considera importante establecer un intercambiador en la futura estación intermodal de A Ponte y otro en A Saínza (previendo el futuro desarrollo de la Finca Santamarina), si bien cree que en la ciudad podrían necesitarse 'tres ou catro' paradas deste tipo.
Mobilidade entiende que el Concello debe decidir el lugar de los intercambiadores al ser el encargado de diseñar las líneas de transporte urbano, toda vez que, según Iglesias, se comprometen, 'desde a nosas competencias, a garantir a máxima interconectividade entre ambos sistemas'. Mientras, Fernando Varela recordó que la actual ordenanza de tráfico, aprobada el año pasado por unanimidad, reserva las paradas de la ciudad a los autobuses urbanos, salvo autorización expresa.
LA CONCESIÓN
Al margen de querer 'salvagardar as competencias de ordenación de tráfico e transporte urbano', en el trasfondo del conflicto se sitúa una posible reclamación de la empresa concesionaria del transporte pública. No en vano, el contrato de concesión establece unos objetivos anuales de número de viajeros y, en caso de no llegar a ellos, es penalizada. Sin embargo, si el motivo por el que no alcanza esos propósitos puede ser atribuido al Concello -como sería que otros autobuses, en este caso los interurbanos, realizasen recorridos por la ciudad-, entonces la empresa podría presentar reclamaciones.
Cabe destacar que el año pasado los autobuses urbanos fueron utilizados por 7,3 millones de viajeros (el compromiso era de 7,7 millones) pero que la cifra a alcanzar en 2014 se sitúa en los 10 millones. Por eso, considera el Concello que 'en ningún caso o convenio (del transporte metropolitano) pode alterar os compromisos contractuais coa concesión do servizo de transporte urbano nin limitar a autonomía municipal para definir calquera modelo concesional futuro'.
