El recurso de apelación planteado por el Ministerio Fiscal ante el fallo de la magistrada del Juzgado de lo Penal 1 que absolvía al alcalde de Melón, Alberto Pardellas, de un delito de prevaricación urbanística, incluye la solicitud de la celebración de una nueva vista oral.
Al centrarse el recurso en una nueva valoración de la prueba, la fiscal estima necesaria una vista para que la Audiencia provincial escuche al acusado. Según el criterio del Ministerio Público, el delito de prevaricación urbanística requiere la concurrencia de dos requisitos: "la resolución dictada por una autoridad o funcionario público en materia urbanística, y que se trate de una resolución ilegal, injusta, arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia". De la prueba practicada en el acto de juicio oral, según el recurso de apelación, se deduce "con claridad meridiana" la concurrencia de todos los requisitos exigidos para la condena del imputado".
El 15 de setiembre de 2004, siendo alcalde en funciones Alberto Pardellas, el Concello de Melón aprobó las cláusulas para la construcción de un polideportivo en las inmediaciones de un monasterio catalogado como Bien de Interés Cultural. El secretario municipal advirtió de la necesidad de autorización autonómica, ya que en ese momento Melón no tenía plan general de urbanismo. Pese a la advertencia de ilegalidad "realizada formalmente, el acusado obvio ese trámite y, a sabiendas de la situación de ilegalidad, el 7 de octubre de 2004, firmó el acta de comprobación de planeamiento". Aquello que para la magistrada es una ilegalidad administrativa, para la fiscal es un delito de prevaricación.
El 15 de setiembre de 2004, siendo alcalde en funciones Alberto Pardellas, el Concello de Melón aprobó las cláusulas para la construcción de un polideportivo en las inmediaciones de un monasterio catalogado como Bien de Interés Cultural. El secretario municipal advirtió de la necesidad de autorización autonómica, ya que en ese momento Melón no tenía plan general de urbanismo. Pese a la advertencia de ilegalidad "realizada formalmente, el acusado obvio ese trámite y, a sabiendas de la situación de ilegalidad, el 7 de octubre de 2004, firmó el acta de comprobación de planeamiento". Aquello que para la magistrada es una ilegalidad administrativa, para la fiscal es un delito de prevaricación.
