Una macrooperación policial iniciada para investigar una supuesta trama de corrupción en Galicia derivó ayer en la detención del alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, así como la del expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Francisco Fwernández-Liñares, además de la del alcalde de Boqueixón (A Coruña), Adolfo Gacio, quienes forman parte de la lista de 12 arrestados (dos en la provincia) en el marco de este operativo.
La investigación policial, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, la magistrada Pilar de Lara Cifuentes, se destapó a primera hora de la mañana de ayer, con la consiguiente conmoción política y mediática, después de que este órgano judicial ordenase efectuar registros en las dependencias de la CHMS en la ciudad, así como en los domicilios de los arrestados y en empresas implicadas en el caso.
Fuentes de la investigación confirmaron que a los detenidos -cuatro en Lugo, dos en A Coruña, uno en Santiago, uno en Bueu, otro en Madrid y uno en Asturias, junto a los de Ourense- se les atribuyen delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros, por su relación en una presunta trama irregular de contratos públicos.
El arresto del alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez (PSOE), se produjo a primera hora de la mañana en su domicilio del barrio de A Ponte de la capital, en donde se personaron efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Pontevedra, que trasladaron al regidor hasta las dependencias pontevedresas de la Policía Nacional, donde permaneció incomunicado toda la jornada.
El hermetismo sobre el caso, dado que está bajo secreto sumarial, hizo que tanto desde la Agencia Tributaria como desde el propio juzgado instructor, declinasen dar identidad alguna sobre los detenidos. Pese a ello, fuentes del caso apuntaron ayer que el segundo arresto en Ourense sería el de Adrián Cordero, un responsable de la empresa Vendex, la adjudicataria del servicio de la ORA y la grúa en la ciudad. Precisamente, durante la pasada jornada, los efectivos de Aduanas registraron las instalaciones de esta firma tanto en la ciudad como en las otras tres delegaciones gallegas (Lugo, A Coruña y Santiago), en donde se incautaron de documentación.
El grupo Vendex estaría en el centro de la investigación que dirige la magistrada Lara Cifuentes. Según pudo saber este diario, este conglomerado de empresas conseguía supuestamente contratos para la prestación de servicios gracias al pago de comisiones en dinero y también a través de regalos (como relojes Rólex de oro), así como viajes para ver espectáculos en Madrid (en donde tiene la sede Vendex) o incluso mediante propiedades en el extranjero.
El intermediario en entre esta firma y los cargos públicos detenidos era supuestamente Javier Reguera, funcionario en el Concello de Lugo (uno de los detenidos en la provincia lucense), quien ya fue detenido en el año 2009 en el marco de la operación Carioca. Precisamente, unos pinchazos telefónicos de este operativo (el alcalde de Ourense tuvo seis meses el teléfono pinchado), junto a la denuncia de un socio de la empresa de la grúa concesionaria en Lugo, habrían sido el detonante de esta operación policial y judicial.
La jueza, tras ordenar las primeras diligencias, culminó durante la pasada jornada (con los 12 detenidos) la primera fase de la investigación, que sigue aún abierta (no se descartan más detenciones). Al parecer, este funcionario lugués habría sido ayudado en ocasiones por los otros arrestados en esta provincia, entre los que se encuentra el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco Fernández Liñares, quien, según los investigadores, se habría prestado a ofrecer su influencia para los negocios de la trama.
EL ''MODUS OPERANDI''
Las ramas de este entramado ilícito habrían llegado a Lugo después de la supuesta intervención de Fernández-Liñares a favor de esta empresa en aquella ciudad gallega. En el caso de Ourense, se investiga la supuesta conexión del regidor con la concesión de servicios a esta empresa, aunque uno de ellos, que se barajaba ayer como clave de la operación -la adjudicación dela grúa y la ORA- se otorgó a Doal durante el último mandato de Manuel Cabezas. Un pleito de la empresa que perdió el concurso prorrogó la inestabilidad de la concesión hasta el mandato del actual regidor, que al final dio por buena la misma atendiendo a la sentencia favorable del juez. Pero, según fuentes de la investigación, la magistrada del caso sospecha que presuntamente Reguera habría entregado regalos a estos dos detenidos, por ello les atribuye la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsedad.
Entre el resto de detenidos implicados se hallan un funcionario del Concello de Santiago, Román Otero (jefe del Servicio de Contratación), así como un alto cargo de Vendex en Madrid, Rolando Rodríguez. En A Coruña fueron arrestados dos empleados de este conglomerado empresarial, así como otro vinculado a esta compañía en Bueu (Pontevedra).
Fuentes de la investigación confirmaron que a los detenidos -cuatro en Lugo, dos en A Coruña, uno en Santiago, uno en Bueu, otro en Madrid y uno en Asturias, junto a los de Ourense- se les atribuyen delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, entre otros, por su relación en una presunta trama irregular de contratos públicos.
El arresto del alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez (PSOE), se produjo a primera hora de la mañana en su domicilio del barrio de A Ponte de la capital, en donde se personaron efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Pontevedra, que trasladaron al regidor hasta las dependencias pontevedresas de la Policía Nacional, donde permaneció incomunicado toda la jornada.
El hermetismo sobre el caso, dado que está bajo secreto sumarial, hizo que tanto desde la Agencia Tributaria como desde el propio juzgado instructor, declinasen dar identidad alguna sobre los detenidos. Pese a ello, fuentes del caso apuntaron ayer que el segundo arresto en Ourense sería el de Adrián Cordero, un responsable de la empresa Vendex, la adjudicataria del servicio de la ORA y la grúa en la ciudad. Precisamente, durante la pasada jornada, los efectivos de Aduanas registraron las instalaciones de esta firma tanto en la ciudad como en las otras tres delegaciones gallegas (Lugo, A Coruña y Santiago), en donde se incautaron de documentación.
El grupo Vendex estaría en el centro de la investigación que dirige la magistrada Lara Cifuentes. Según pudo saber este diario, este conglomerado de empresas conseguía supuestamente contratos para la prestación de servicios gracias al pago de comisiones en dinero y también a través de regalos (como relojes Rólex de oro), así como viajes para ver espectáculos en Madrid (en donde tiene la sede Vendex) o incluso mediante propiedades en el extranjero.
El intermediario en entre esta firma y los cargos públicos detenidos era supuestamente Javier Reguera, funcionario en el Concello de Lugo (uno de los detenidos en la provincia lucense), quien ya fue detenido en el año 2009 en el marco de la operación Carioca. Precisamente, unos pinchazos telefónicos de este operativo (el alcalde de Ourense tuvo seis meses el teléfono pinchado), junto a la denuncia de un socio de la empresa de la grúa concesionaria en Lugo, habrían sido el detonante de esta operación policial y judicial.
La jueza, tras ordenar las primeras diligencias, culminó durante la pasada jornada (con los 12 detenidos) la primera fase de la investigación, que sigue aún abierta (no se descartan más detenciones). Al parecer, este funcionario lugués habría sido ayudado en ocasiones por los otros arrestados en esta provincia, entre los que se encuentra el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y exconcejal en Lugo, Francisco Fernández Liñares, quien, según los investigadores, se habría prestado a ofrecer su influencia para los negocios de la trama.
EL ''MODUS OPERANDI''
Las ramas de este entramado ilícito habrían llegado a Lugo después de la supuesta intervención de Fernández-Liñares a favor de esta empresa en aquella ciudad gallega. En el caso de Ourense, se investiga la supuesta conexión del regidor con la concesión de servicios a esta empresa, aunque uno de ellos, que se barajaba ayer como clave de la operación -la adjudicación dela grúa y la ORA- se otorgó a Doal durante el último mandato de Manuel Cabezas. Un pleito de la empresa que perdió el concurso prorrogó la inestabilidad de la concesión hasta el mandato del actual regidor, que al final dio por buena la misma atendiendo a la sentencia favorable del juez. Pero, según fuentes de la investigación, la magistrada del caso sospecha que presuntamente Reguera habría entregado regalos a estos dos detenidos, por ello les atribuye la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y falsedad.
Entre el resto de detenidos implicados se hallan un funcionario del Concello de Santiago, Román Otero (jefe del Servicio de Contratación), así como un alto cargo de Vendex en Madrid, Rolando Rodríguez. En A Coruña fueron arrestados dos empleados de este conglomerado empresarial, así como otro vinculado a esta compañía en Bueu (Pontevedra).
