El próximo 31 de diciembre será el 'día D' para varias actuaciones que se están realizando en el Concello, la mayoría de ellas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, el Plan E del Gobierno para 2010 pero que se ha ido prorrogando, de momento, hasta finales de este año. De no estar rematadas las actuaciones en esa fecha, el Concello perdería los fondos que no hubieran sido ya certificados -a excepción de que el Estado concediese, cosa improbable, una nueva prórroga-.
Una de las obras que está en fase de cuenta atrás para su finalización y que más polémica ha despertado es el parque de Montealegre. Con alrededor de un 10% de certificaciones todavía pendientes de los 2,2 millones que aporta el Estado a esta obra, el espacio fue cerrado al público para la realización de los trabajos pendientes. La concejala de Medio Ambiente, Marta Arribas, confía en que 'estarán acabados a tempo'.
Arribas es también la responsable de Xuventude, área a la que corresponde la gestión del edificio destinado a este colectivo, con locales de ensayo, que se está rehabilitando en la avenida de Marín (A Ponte). El inmueble, con un coste que supera los 643.000 euros con cargo a los fondos estatales anteriormente mencionados, todavía no ha sido finalizado, aunque la concejala asegura que quedan 'detalles, como o acondicionamento do interior e a instalación de equipamentos nos locais de ensaio. Agardamos inauguralo en novembro'.
Otra actuación de este departamento municipal que también llegará con el tiempo justo a la finalización de la prórroga que el Ministerio de Administraciones Públicas concedió a estos fondos es la restauración paisajística y medioambiental del entorno del Loña, entre Ponte Loña y Mende. El retraso en esta obra, que supera los 347.000 euros, se debe, según Arribas, a la obtención de los pertinentes permisos de la Confederación Hidrográfica. Al igual que en los casos anteriores, la concejala confía también en que estará 'finalizada a tempo'.
También el 31 de diciembre es el plazo que tiene el Concello para finalizar el centro cívico de Seixalbo. El Estado le concedió recientemente una prórroga después de que la primera empresa adjudicataria abandonara las obras. De no terminar lo que resta, valorado en unos 198.000 euros, tendría que asumirlo con fondos propios. Algo parecido ocurre con la reforma de la antigua carretera de Monforte, actuación que financia Fomento y que asciende a un millón de euros. De no haberse certificado la obra a finales de año, el Concello pediría esta cantidad a la empresa adjudicataria de la obra.
Arribas es también la responsable de Xuventude, área a la que corresponde la gestión del edificio destinado a este colectivo, con locales de ensayo, que se está rehabilitando en la avenida de Marín (A Ponte). El inmueble, con un coste que supera los 643.000 euros con cargo a los fondos estatales anteriormente mencionados, todavía no ha sido finalizado, aunque la concejala asegura que quedan 'detalles, como o acondicionamento do interior e a instalación de equipamentos nos locais de ensaio. Agardamos inauguralo en novembro'.
Otra actuación de este departamento municipal que también llegará con el tiempo justo a la finalización de la prórroga que el Ministerio de Administraciones Públicas concedió a estos fondos es la restauración paisajística y medioambiental del entorno del Loña, entre Ponte Loña y Mende. El retraso en esta obra, que supera los 347.000 euros, se debe, según Arribas, a la obtención de los pertinentes permisos de la Confederación Hidrográfica. Al igual que en los casos anteriores, la concejala confía también en que estará 'finalizada a tempo'.
También el 31 de diciembre es el plazo que tiene el Concello para finalizar el centro cívico de Seixalbo. El Estado le concedió recientemente una prórroga después de que la primera empresa adjudicataria abandonara las obras. De no terminar lo que resta, valorado en unos 198.000 euros, tendría que asumirlo con fondos propios. Algo parecido ocurre con la reforma de la antigua carretera de Monforte, actuación que financia Fomento y que asciende a un millón de euros. De no haberse certificado la obra a finales de año, el Concello pediría esta cantidad a la empresa adjudicataria de la obra.
