El Juzgado de lo Penal número uno de Ourense acaba de desestimar la petición que había hecho la Abogacía del Estado y el Ministerio Público para reclamar el ingreso en prisión de Javier Paz Carbajales, un conocido empresario de la madera afincado en O Carballiño que fue condenado por la Audiencia de Ourense en diciembre del 2009 por un delito de fraude a Hacienda.
Esta solicitud pretendía que Carbajales cumpliese el año de condena que le fue impuesto, además de hacer frente a la multa de 130.685 euros, la misma cantidad que debía pagar al erario en concepto de responsabilidad civil. Aunque fue exonerado del cumplimiento de la pena de cárcel (por ser inferior a dos años), sí debía hacer frente a las responsabilidades civiles para eludir la prisión, pero no lo hizo al declararse 'insolvente'.
Esta supuesta falta de recursos económicos no convence al abogado del Estado, que instó en su momento a una pormenorizada investigación del empresario por parte de la Agencia Tributaria. En un informe, incluso se llegó a detallar la transmisión de bienes que, según Hacienda, realizó a nombre de terceros. Por todo ello, la acusación particular, que ejerció el Estado, pedía a la jueza titular del Penal número uno, Celia Conde, que revocase la suspensión de la pena por entender que se trataba de una 'insolvencia aparente'.
Ahora, el abogado del Estado presentó un recurso contra la providencia de la magistrada, de finales del pasado mes de julio, que desestima la petición de la acusación. La resolución de la magistrada consideraba que 'no ha lugar a lo solicitado por el letrado del Estado' al entender que 'la situación económica del penado no varió desde que se acordó su insolvencia' y que 'carece de bienes a su nombre salvo tres vehículos'.
El abogado del Estado argumenta en su recurso, de fecha 29 de julio de 2011, que se aportó abundante documentación que prueba la 'solvencia patrimonial del penado'. Considera, además, que Carbajales 'continúa desarrollando en la actualidad la actividad de comercio de la madera, si bien trasladando los ingresos a distintas mercantiles, cuyo capital social controla'. Reitera que 'es evidente' que su situación económica no varió porque es un ejemplo de 'economía sumergida' y pide 'su ingreso en prisión mientras no pague las responsabilidades civiles'.
Esta supuesta falta de recursos económicos no convence al abogado del Estado, que instó en su momento a una pormenorizada investigación del empresario por parte de la Agencia Tributaria. En un informe, incluso se llegó a detallar la transmisión de bienes que, según Hacienda, realizó a nombre de terceros. Por todo ello, la acusación particular, que ejerció el Estado, pedía a la jueza titular del Penal número uno, Celia Conde, que revocase la suspensión de la pena por entender que se trataba de una 'insolvencia aparente'.
Ahora, el abogado del Estado presentó un recurso contra la providencia de la magistrada, de finales del pasado mes de julio, que desestima la petición de la acusación. La resolución de la magistrada consideraba que 'no ha lugar a lo solicitado por el letrado del Estado' al entender que 'la situación económica del penado no varió desde que se acordó su insolvencia' y que 'carece de bienes a su nombre salvo tres vehículos'.
El abogado del Estado argumenta en su recurso, de fecha 29 de julio de 2011, que se aportó abundante documentación que prueba la 'solvencia patrimonial del penado'. Considera, además, que Carbajales 'continúa desarrollando en la actualidad la actividad de comercio de la madera, si bien trasladando los ingresos a distintas mercantiles, cuyo capital social controla'. Reitera que 'es evidente' que su situación económica no varió porque es un ejemplo de 'economía sumergida' y pide 'su ingreso en prisión mientras no pague las responsabilidades civiles'.
