El alcalde de Melón (PP), Alberto Pardellas, compareció ante la Audiencia acusado de un delito de prevaricación, pero en esta ocasión -al contrario que en el Juzgado de lo Penal 1 que lo había absuelto en marzo- el regidor se acogió a su derecho a no responder ni a las preguntas de la fiscal ni a las de la acusación particular (ejercida por un vecino).
Más explícitos estuvieron en la vista de apelación testigos y peritos. Todos coincidieron en admitir que el secretario del Concello, en 2005, había consignado por escrito una advertencia de ilegalidad -escueta y en el marco de un reparo económico, pero al fin y al cabo consignada- ante las intenciones del alcalde de construir un pabellón deportivo a menos de 100 metros del Monasterio de Santa María, declarado Bien de Interés Cultural.
El secretario municipal en el momento de los hechos, el secretario actual y el arquitecto del proyecto del polideportivo confirmaron en su declaración que puesto que Melón, en 2005, 'carecía de planeamiento urbanístico, el suelo en el que se levantaba era rústico'. La posibilidad de construir sobre él estaba sujeta 'a normas autonómicas, y que a la aprobación de la Consellería de Política Territorial debía sumarse 'un informe preceptivo y vinculante de Patrimonio'. La defensa se agarró a que la advertencia de ilegalidad se ventilaba 'en una sola frase' y que 'no hubo ninguna resolución expresa del alcalde ordenando cometer un acto ilegal', elemento imprescindible para incurrir en una prevaricación. Frente a esto, el Ministerio Fiscal recordó que 'la advertencia estaba hecha' y que Pardellas sabía que 'necesitaba autorización autonómica para construir', y pese a ello dispuso continuar las obras, ignorando las continuas notificaciones de la Xunta y del Valedor do Pobo para que las paralizase'.
El secretario municipal en el momento de los hechos, el secretario actual y el arquitecto del proyecto del polideportivo confirmaron en su declaración que puesto que Melón, en 2005, 'carecía de planeamiento urbanístico, el suelo en el que se levantaba era rústico'. La posibilidad de construir sobre él estaba sujeta 'a normas autonómicas, y que a la aprobación de la Consellería de Política Territorial debía sumarse 'un informe preceptivo y vinculante de Patrimonio'. La defensa se agarró a que la advertencia de ilegalidad se ventilaba 'en una sola frase' y que 'no hubo ninguna resolución expresa del alcalde ordenando cometer un acto ilegal', elemento imprescindible para incurrir en una prevaricación. Frente a esto, el Ministerio Fiscal recordó que 'la advertencia estaba hecha' y que Pardellas sabía que 'necesitaba autorización autonómica para construir', y pese a ello dispuso continuar las obras, ignorando las continuas notificaciones de la Xunta y del Valedor do Pobo para que las paralizase'.
