Pide siete años de prisión a un constructor por estafa y apropiación
Un matrimonio acusa a un constructor de haberle abonado 171.000 euros por un chalé adosado en la Urbanización Godalla de Allariz sin que le fuera entregada finalmente la vivienda, ni reintegrado el dinero adelantado entre 2006 y 2010 (la vivienda costaba un total de 228.334 euros). El empresario, además, en el proceso de construcción hipotecó la finca para conseguir financiación.
El inculpado, Bernardo Gallego González, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia de Ourense, acusado de estafa y apropiación indebida, delitos por los que la acusación particular reclamó en la vista oral una pena de siete años de prisión y 12 meses multa a razón de 12 euros al día, además de reintegrar el dinero.
Por su parte, la fiscal no acusó al solicitar el sobreseimiento. Considera que no cabe hablar de apropiación porque no existen indicios de que el querellado invirtiese las cantidades recibidas en un uso distinto a la construcción de la casa pactada. En cuanto a la estafa, alegó que los hechos se encuadran en un delito de estafa impropia, que castiga al que enajena como libre un inmueble y lo grava de nuevo antes de la definitiva transmisión al adquiriente. No obstante, según la acusación pública, este delito establece penas que van de un año a los cuatro de prisión, por lo que prescribe a los cinco años. Según los argumentos de la fiscal, la estafa impropia se cometería el día de la constitución de la hipoteca (el 29 de octubre de 2008) y la querella entró en el juzgado el 27 de febrero de 2014.
Problemas con Hacienda
Los compadores de la vivienda sostienen que el encausado gravó hasta en tres ocasiones distintas la propiedad que le había sido vendida libre de cargas. Posteriormente, en octubre de 2011, Hacienda practicó una anotación preventiva de embargo sobre la totalidad de la finca por un total de 399.793 euros debido a las deudas del constructor.
Este último aseguró que los querellantes no hicieron frente al último pago, pese a que él intentó firmarar la escritura de la casa "muchas veces", porque "el dinero lo tenían invertido en preferentes". Ellos, sin embargo, dicen que no pagaron "porque faltaban los baños y la cocina". Negaron su falta de liquidez, porque ambos percibían una pensión desde Suiza cercana a los 5.000 euros mensuales.
Los compradores -reconoció Gallego- no le autorizaron a hipotecar la vivienda, pero dice que sí se lo comunicó "porque es una práctica habitual entre los constructores". También reconoció que una deuda con hacienda le impidió hacer frente a los pagos. n
