Según la última estadística del CGPJ sobre el efecto de la crisis, los desahucios han batido un nuevo récord, de tal modo que los procedimientos de desalojo presentados en los juzgados hasta septiembre de 2012 ascendían a 49.702, un 16% más con respecto al mismo período del año anterior. Con la violencia bancaria del capital y el apoyo de su amigo el Ejecutivo, los datos dejan al descubierto la patraña del Gobierno y muy mal paradas también a las propias entidades bancarias que están detrás de esta ignominia.
Dentro de este drama social de las personas que pierden su hogar al no poder hacer frente a las hipotecas y la superioridad de los bancos en el proceso, se está generando un terremoto social en el que finalmente algunos jueces y fiscales han empezado a denunciar los privilegios de las entidades bancarias frente al deudor. Con este motivo, la fiscalía de Valencia se ha pronunciado a favor de que una persona cuya casa ya ha sido adjudicada al banco, pueda seguir habitando el piso como medio de protección. Lo que resulta desconcertante es que esta norma no se esté aplicando con un carácter retroactivo a las más de 350.
