MÁS integridad en la acción institucional

A veces me pregunto por que tienen tanto miedo al activismo ciudadano y creo que lo hacen porque los ciudadanos que piensan organizados son un nuevo poder cuya crítica incorpora soluciones paralelas eficaces mientras se sigue recortando en leyes laborales, en pensiones, consintiendo situaciones abusivas de desahucio, o merma del estado de bienestar.
Los colectivos sociales y personas que luchamos por ese bienestar estamos sufriendo una perversa interpretación de la realidad a través muchas veces de sancionar ese activismo, coartarlo, o impedirlo. Sabemos que esto es consecuencia de una realidad en la que determinados estamentos pretenden poner coto por los mecanismos corrosivos de la invisibilidad o de la criminalización haciéndola extensiva a los movimientos sociales que luchan contra determinadas injusticias.

Es cierto que esta experiencia no es lo que nos sucede, sino lo que hagamos con lo que nos sucede, por lo tanto la clave es la actitud que adoptemos que se traduce en la capacidad de crecer e incrementar nuestra competencia de cara a las circunstancias adversas. Y así, salir de ellas fortalecidos construyendo desde esa misma adversidad y aprendiendo de las dificultades.

En pleno siglo XXI resulta inamisible que haya gente viviendo en las calles o pasando hambre, por ser este hecho un límite a la democracia en sí mismo y creo que cualquier acción para conseguir que los ciudadanos tengan un techo permanente o coman se consideraría lícita (el Concello se equivoca al mantener su tradicional respuesta en la esperanza de que desaparezcan). La propia sociedad debe reconocer y apoyar más este compromiso en beneficio de tantas personas y familias atenazadas por la crisis o la corrupción. Algunas de esas personas y familias, a veces con hijos, viven en la calle. Estamos hablando de la España que no cuenta para unos políticos que miman a sus banqueros corruptos.

Con frecuencia el Gobierno ignora estos hechos que a veces afectan a nuestros jóvenes, a mujeres maltratadas, a los parados de larga duración, a personas que han sido desahuciadas de sus casas (más de 400.000 familias desde el inicio de la crisis). De momento la solución no sería el saqueo de los supermercados, aunque pudiera ser legítimo ante la indecencia de los políticos, banqueros, gobiernos, empresarios corruptos. Con la inercia de la Justicia a la hora de procesarlos.

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